Eliminar el fuero, para acabar con la impunidad: Adriana Hernández
MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2016.- “Buscamos eliminar el fuero y la declaración de procedencia para acabar con la impunidad con la que actúan ciertos funcionarios públicos, que inclusive van cambiando de puestos para no tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones”, sentenció la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado al presentar ante los medios de comunicación la iniciativa en materia de fuero que este miércoles subirá al pleno la fracción tricolor.
Según un comunicado de prensa, en rueda de prensa del Grupo Parlamentario, la diputada Rosa María de la Torre Torres detalló que la iniciativa busca eliminar el fuero y la declaración de procedencia para los servidores públicos que hoy se encuentran señalados, otorgando esta prerrogativa a los Consejeros Electorales y del Poder Judicial, el Auditor Superior, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los Comisionados del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con esto se intenta
La iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se modifican, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los servidores públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo,
A dichos funcionarios se les otorga la garantía procesal de la declaración de procedencia para poder ser procesados penalmente, sin embargo, a diferencia de como actualmente se encuentra establecida dicha garantía, ésta se judicializa, lo que viene a otorgar un mayor equilibrio entre los órganos que ejercen el poder estatal en Michoacán, retirándole a ésta soberanía el control político de la acción penal en contra de los servidores públicos descritos.
De la Torre Torres explicó que para los Magistrados y Jueces del Poder Judicial Local la declaración de procedencia deberá hacerse al seno del Consejo del Poder Judicial, puesto que dicho órgano es el garante de la vigilancia y disciplina del Poder judicial, por lo que esta medida vendrá a abonar a la independencia judicial.
Estas medidas brindan por un procedimiento más regulado y otorga mayor certeza, se brinda un plazo perentorio para resolver, lo que no permite largos periodos de tiempo en que la acción procuradora de justicia esté detenida. De igual manera se fortalece el combate a la impunidad, dado que los delitos cometidos en flagrancia por los servidores que cuentan con esta prerrogativa procesal no tienen derecho a su manto protector.
Además, con esta iniciativa los legisladores del tricolor, dijo, buscamos delimitar y especificar los alcances de la inviolabilidad del recinto del Congreso, dotando al Presidente del Congreso de la facultad y deber de evitar intromisiones de la fuerza pública, y en caso de así permitirlo, quedar al mando de ésta, lo que se traduce en un reforzamiento del sistema de división de funciones del poder público en el Estado de Michoacán.
Asimismo se pretende desarrollar la figura constitucional de la inmunidad parlamentaria, ésta última a menudo confundida doctrinalmente con el fuero constitucional o declaración de procedencia. Dicha distinción permitirá evitar futuras confusiones derivadas de una errónea interpretación de la Constitución local.
Agregó que la inmunidad parlamentaria no debe ser vista como un privilegio personal, sino como una prerrogativa que sustrae del conocimiento judicial las expresiones que un legislador emita en el desempeño de su encargo y tiene como bien jurídico tutelado el libre debate parlamentario, esta figura no protege cualquier opinión emitida por un Diputado al Congreso de Michoacán, sino sólo aquellas emitidas en el ejercicio de su encargo y labor parlamentaria derivada de alguna de las atribuciones y funciones que el marco normativo le asigna.
Finalmente, con la propuesta se realiza una adición declarativa en materia de juicio político para clarificar puntualmente la naturaleza del mismo, logrando definir de manera más certera la función del juicio político como mecanismo constitucional de sanción política para los servidores públicos que merecen una sanción del orden político, independientemente de las del campo penal y administrativo a que se hagan acreedores por sus inadecuadas conductas.
Los diputados Raymundo Arreola, Eloísa Berber, Adriana Campos, Sergio Ochoa y Roberto Carlos López acompañaron a las legisladoras durante la presentación de la iniciativa.
