Pide senadora sanción penal a ex gobernantes que endeuden estados

MORELIA, Mich., 18 de enero de 2013.- El ímpetu de muchos gobernantes por hacerse de recursos adicionales para cumplir con promesas de campaña, construir obras faraónicas o mejorar la imagen de sus administraciones, los llevó a elevar la deuda pública de sus entidades porque, evidentemente, no hay recursos que alcancen mientras no se apruebe una verdadera Reforma Fiscal que eleve la recaudación de ingresos propios a nivel estatal, afirmó la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza.Mediante un comunicado de prensa, dijo que “necesitamos aprender de las experiencias internacionales, en Europa una de las causas profundas de la crisis ha sido precisamente el creciente nivel de déficit público que, aunado a los elevados niveles de deuda -superiores al 80% del PIB, mantiene bajo presión a las distintas economías”.Informó que en 2012 Quintana Roo adquirió 10 préstamos en ocho meses; Veracruz, 8 en menos de seis meses; Nayarit, 5 deudas en seis meses; Baja California, Nuevo León y Oaxaca 4 préstamos cada uno; Chihuahua y Sonora, 3 créditos; Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Campeche y Tabasco obtuvieron 2 préstamos cada uno; Aguascalientes, Colima, DF, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla y Zacatecas, asumieron un instrumento de deuda cada uno.Se establece pena de 6 meses a 12 años de prisión, de 100 a 300 días de multa y destitución e inhabilitación de 6 meses a 12 años para desempeñar otro cargo públicoA fin de acabar con la impunidad que ha llevado a que entren y salgan gobernantes que endeudan a sus entidades de manera irresponsable, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza propuso sancionar penalmente a aquellos servidores públicos que imprudentemente contraigan deuda o quebranten las finanzas públicas.Para ello, la legisladora planteó que en el Código Penal Federal dentro de Título de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, concretamente en el capítulo de los delitos denominados “Del uso indebido de atribuciones y facultades”, se incluyan en el artículo 212 como sujetos de acción punitiva penal federal, a los alcaldes y/o ediles. Gómez del Campo alertó que el país va en camino al precipicio porque ya hay estados y, sobre todo, municipios como Acapulco, Cuernavaca y Naucalpan que no tienen manera de cumplir con sus obligaciones, es decir, están quebrados. “Y qué ocurre, tenemos todo un andamiaje jurídico como la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Deuda que no se cumple, los gobernantes llegan al cargo, endeudan a sus entidades y se van sin que haya responsabilidad alguna”.Y, en este sentido, también propuso la inclusión de una fracción Cuarta al artículo 217 con el objetivo de establecer que cualquier servidor público de cualquier orden de gobierno, incluyendo a los órganos autónomos, que reciba o manipule recursos, presupuesto, partidas o transferencias de carácter federal y que realice con los mismos gestiones que impliquen contraer deuda pública que exceda un monto equivalente al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto estatal o municipal según sea el caso, así como que el total de los pasivos acumulados rebase el 7 por ciento de los ingresos locales o municipales, sea sancionado con pena de 6 meses a 12 años de prisión, de 100 a 300 días de multa y destitución e inhabilitación de 6 meses a 12 años para desempeñar otro cargo o comisión públicos, sanciones que ya prevé el artículo 217 de dicho Código.} “Necesitamos establecer con claridad las medidas penales a que se harán acreedores quienes decidan empeñar el patrimonio de las familias mexicanas. Estoy segura que esta iniciativa permitirá que podamos amarrarles las manos”, aseguró.Durante el año 2012, expuso la senadora de Acción Nacional, 24 de las 32 entidades federativas se endeudaron con al menos un crédito, el año pasado los estados que solicitaron el mayor número de instrumentos de deuda fueron Quintana Roo y Veracruz, pero las deudas más escandalosas por los montos y las tasas de crecimiento fueron las adquiridas por los estados de Chiapas y Coahuila.