Proponen a tenencias para administrar recursos en comunidades indígenas
MORELIA, Mich.,13 de octubre de 2016- La Comisión de Pueblos indígenas del Congreso del Estado acordó que la figura legal para la aplicación de los recursos económicos en las comunidades indígenas que buscan su autonomía es la figura de la tenencia, informó el diputado Ángel Cedillo Hernández.
El legislador por el distrito de Uruapan Norte dijo que ya se tiene el primer borrador en el que se define como objeto social a la tenencia, para empezar a a darle normatividad a la asignación de recursos a la comunidad de San Francisco Pichátaro ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En entrevista, explicó que esa figura ya existe en la Ley Orgánica Municipal por lo que hay que fortalecerla para que pueda ejercer los recursos de una comunidad, sea cual sea y, tenga tanto derechos como obligaciones de fiscalización.
En el caso concreto de San Francisco Pichátaro dijo desconocer si sus integrantes están de acuerdo o no, pero ese será “su problema”, porque para eso están las leyes.
“Ningún derecho individual o de grupo puede estar por encima de la colectividad por lo que es el principio que tenemos que seguir porque si no se hace de esa manera no se va a poder avanzar”, advirtió el diputado del Partido de la Revolución Democrática.
“Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la planeación de los recursos para poder avanzar y que ningún municipio sé pase de vivo para no asignar los recursos que corresponden a las comunidades indígenas”.
Cedillo Hernández indicó que hasta ahora el Congreso del Estado no ha asumido su responsabilidad para acatar el mandato del TEPJF en el caso de San francisco Pichátaro, por lo que como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas va a pedir que se defina quiénes y cómo se va a hacer.
Insistió en que el TEPJF reconoce derechos pero no obligaciones como el pago de impuestos y, ejemplificó, que el predial únicamente lo pagan tres de cuatro mil 700 habitantes de la comunidad o el servicio del agua potable que administra un organismo descentralizado.
