Aún sin resultados procesos contra agresores de inspectores en Morelia
MORELIA, Mich., 6 de octubre de 2016.- Aún no se han generado resultados derivados de los procesos legales en contra de los presuntos agresores de inspectores municipales que verifican la no instalación de comerciantes no tolerados en el Centro Histórico, refirió José Luis Gil Vázquez, secretario de Servicios Públicos en Morelia.
Luego de que en operativos para evitar que vendedores ambulantes no autorizados para laborar en el primer cuadro de la ciudad se produjesen arranques físicos contra inspectores del ayuntamiento que requerían el retiro de estos oferentes, al momento no se conocen detenciones o sentencias en contra de los responsables de estas agresiones.
Golpes han sido la lesión más frecuente concretada en estas acciones, señaló José Luis Gil.
Asimismo, ni se implementaron sanciones en contra de inspectores municipales que supuestamente habrían incurrido en prácticas abusivas durante estas acciones.
El secretario de Servicios Públicos detalló que los elementos vinculados con prepotencia, abuso y malos tratos hacia vendedores ambulantes no tolerados para operar en el Centro Histórico fueron temporalmente retirados de las vialidades para participar en pláticas y capacitación en torno del respeto a los derechos humanos de los comerciantes que pretenden retirar y, en su caso, penalizar.
Reiteró que las acciones instrumentadas no comprendieron alguna sanción, por lo que los inspectores que precisaron de esta capacitación ya fueron reincorporados a sus funciones en campo.
Alumbrado público, aún sin licitación
No se ha registrado un informe del proceso de revisión por el área jurídica del ayuntamiento de la convocatoria para la licitación pública del sistema de alumbrado de Morelia, reconoció José Luis Gil.
Destacó que este tema permanece "atorado" por la revisión de los términos y condiciones a implementarse para la asignación del proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo, la cual tiene por objetivo evitar condicionantes adversas en el contrato a signar con la empresa que puedan generar afectaciones al erario público.
