No serían 700, sólo 280, los funcionarios cesados: Contralor
MORELIA, Mich., 19 de noviembre de 2012.- No serán 700 sino 280 los servidores públicos de la administración estatal que podrían ser cesados por no cumplir con su obligación legal de presentar la declaración patrimonial correspondiente, aclaró el contralor del gobierno estatal, Carlos Ochoa León. En rueda de prensa, el funcionario estatal precisó que fueron un total de 189 funcionarios de la administración anterior, los que no presentaron su declaración en el mes de octubre, más un total de 91 empleados que tomaron posesión del cargo el 15 de febrero y que no cumplieron dentro de los 60 días que marca la ley, con su declaración inicial, por lo que serán un total de 280 los servidores públicos que tendrán su derecho a audiencia para tratar de justificar la omisión en el cumplimiento de su obligación. Ochoa León informó que de acuerdo a la instrucción recibida por el gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, quienes no justifiquen su incumplimiento serán cesados de sus cargos, mismos que ante la complicada situación económica del estado no serán sustituidos, a menos de que el titular de la dependencia respalde la sustantividad de la función que realizaba el funcionario sancionado. Asimismo, aclaró que en comparación de la cifra de 700 servidores públicos que dijo el gobernador Fausto Vallejo serían despedido ante tal incumplimiento, el contralor señaló que los poco más de 400 funcionarios todavía están en tiempo de hacer declaración patrimonial, ya que sus nombramientos son recientes y se encuentran dentro del plazo de 60 días que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Michoacán para que presenten su declaración inicial. En el encuentro de los medios de comunicación que duró alrededor de una hora, el titular de la Contraloría del gobierno del estado, Carlos Ochoa evitó precisar si han detectado indicios sobre un posible enriquecimiento ilícito de los servidores públicos de la administración anterior que no presentaron su declaración, por lo que se limitó a decir que el marco jurídico establece la conclusión de los procedimientos de fiscalización y desvanecimiento de observaciones previo a transparentar los nombres de quienes hicieron un mal uso de los recursos públicos. Asimismo, Ochoa León se comprometió a dar a conocer en cuáles dependencias se darán las bajas laborales, más no los nombres de los servidores incumplidos, mientras no concluya el proceso de aclaración de irregularidades, de acuerdo a lo que establece la Ley. Finalmente, agregó que será a partir de la segunda quincena de noviembre cuando iniciarán con el despido de los funcionarios que no hayan dado una razón justificada a su incumplimiento, los cuales pudieran sumar alrededor de 240 servidores públicos, adelantó el contralor.
