Gasta Michoacán más de $3 millones en seguridad de ex gobernadores

MORELIA, Mich., 4 de noviembre de 2012.- En el último año, el sueldo destinado para la protección de ex gobernadores, ex funcionarios y/o familiares de éstos, se incrementó casi en un 300 por ciento en el estado de Michoacán.De acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado actualmente se gastan un total de dos millones 266 mil 781 pesos, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública informó que al año eroga 802 mil 332.72 pesos en sueldos para la protección y custodia de los ex servidores públicos. A través de la ventanilla de acceso a la información pública, la dependencia estatal revela que en el 2011 se pagaba, del erario público, un sueldo global de 758 mil 237 pesos al año a trabajadores comisionados para la protección y custodia de ex gobernadores, ex funcionarios y/o familiares de éstos, sin embargo en el 2012, la cifra se triplicó a los dos millones 266 mil 781 pesos.De acuerdo con los documentos entregados a Quadratín, la dependencia señala que la cifra se incrementó en el último año debido a que ante la conclusión de la administración pública 2008 – 2012, de Leonel Godoy Rangel, los servidores públicos conservaron a los escoltas asignados.No obstante, en los últimos 10 años la cifra para el pago del erario público, de trabajadores comisionados para la protección y custodia a ex gobernadores, ex funcionarios y/o familiares de éstos se incrementó de manera considerable, ya que en el 2003 el importe anual global de sueldos era de 135 mil 935 pesos, por lo que ante lo que se paga en el presente año, tras una década, la cantidad aumentó 16 veces.Mientras tanto, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) se pagan un total de 802 mil 332.72 pesos anuales para un total de ocho elementos comisionados por parte de esta dependencia, de los cuales seis cuentan con un sueldo mensual de siete mil 898 pesos, un trabajador gana un total de nueve mil 532 pesos al mes y otro más obtiene nueve mil 940 pesos de ingreso cada 30 días.Asimismo, la SSP informa que ninguno cuenta con armas y vehículos adscritos a dicha dependencia y que no se puede dar a conocer quiénes ni cuántos elementos tiene cada ex servidor público, debido a que es información reservada, puesto que se enmarca en los casos de restricción previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad.Cabe mencionar, que debido al acuerdo de reserva 2/2004 emitido por el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado el 23 de febrero de 2004, la dependencia estatal tampoco entregó la información solicitada respecto al número y nombre de ex gobernadores, ex funcionarios y familiares de éstos, así como cantidad de armas y vehículos a disposición de los mismos.El documento establece que dicha información está clasificada como de acceso restringido al considerar que “permitiría la identificación y ubicación física tanto del protegido, como de los servidores públicos que prestan el servicio de custodia y los términos del propio servicio, con lo cual se facilitaría un ataque en su contra a partir de tales conocimientos o datos, dejando con ello, expuestos a los protegidos en su derecho a la vida o integridad corporal”.Por tal motivo, la PGJ entregó únicamente los importes anuales globales de los sueldos de trabajadores comisionados en servicios de custodia del 2003 a 2012, fecha desde la cual se cuenta con registro de tales datos.Asimismo, el acuerdo de entrega y restricción de información hace del conocimiento que el ocho de febrero de 2002 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo suscrito por el entonces gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí en torno a la “protección personal al procurador general de justicia del estado y altos funcionarios de esa dependencia, en respuesta a los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”.A continuación se informa la tabla del importe anual global de sueldos proporcionada por la PGJ:AnualidadImporte anual global de sueldos2003$135,935.522004$168,723.122005$296,957.522006$430,819.202007$441,414.242008$645,516.002009$727,519.442010$742,771.922011$758,237.522012$2,266,781.12 Lenta e incompleta la entrega de información públicaPara conocer el monto total que se eroga del erario público para el pago de trabajadores comisionados a la protección y custodia de ex funcionarios de las tres últimas administraciones estatales, Quadratín enfrentó un trámite de aproximadamente dos meses, después de que se solicitó la información de manera oficial en la Ventanilla de Acceso a la Información del Gobierno del Estado, el pasado 27 de agosto del presente año.En tal fecha y mediante las herramientas que otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, se solicitó que la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informaran sobre el presupuesto público que destina el gobierno de la entidad para la protección, vigilancia y salvaguarda de ex gobernadores y ex funcionarios públicos.Dentro de un plazo de cinco días posteriores, como lo establece el marco normativo, la SSP respondió de manera parcial la información al dar a conocer un monto global anual sin especificar los años fiscales en los que se ha erogado el recurso económico para cubrir los honorarios de los trabajadores comisionados.Por su parte la PGJE notificó un acuerdo de prórroga a la solicitud de información foliada con el número SI-1026-2012, en el cual la dependencia estatal se comprometió a otorgar la información el 26 de septiembre del mismo año.Sin embargo, tras vencer el plazo, personal de la ventanilla de acceso a la información pública de la PJE notificó vía telefónica a Quadratín, que debido a problemas administrativos y ante el continuo cambio de funcionarios menores, la respuesta no podía ser entregada, por l6455160 que fue hasta el 18 de octubre del presente año, cuando se obtuvo la información de manera parcial.En este sentido, el documento de entrega de respuesta establece que ante la inconformidad de la información entregada, el solicitante puede interponer un recurso de revisión contra la resolución administrativa dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación.