Autoridad debe generar medidas para participación política de mujeres
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de agosto de 2016.- Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que para alcanzar la igualdad o paridad de género es necesaria la participación de todas las autoridades y los órganos del Estado para instrumentar medidas que propicien la participación política y el acceso de las mujeres a los órganos de representación popular.
“Los instrumentos jurídicos o el derecho por sí solo no generan igualdad entre hombres y mujeres, sino que resulta necesaria la intervención de todas las autoridades y los órganos del Estado, quienes tengamos competencia en emitir medidas administrativas o jurisdiccionales tendentes a un mejor sistema democrático, a la igualdad o a la paridad de género”, expresó.
Señaló que la paridad no solamente versa en las candidaturas, sino que debe manifestarse en todos los ámbitos de la vida y la ocupación, así como permitir a la mujer el desempeño de cargos públicos sean estos de elección o no.
Al moderar la Mesa “Igualdad de derechos con paridad de género”, del Foro 20 años del TEPJF: La evolución de la justicia electoral en México y el mundo, realizada en el marco de la celebración de la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, el Magistrado dijo que para lograr el respeto de la igualdad entre ambos géneros, se debe interpretar la ley con un principio de progresividad a fin de que cada día la sociedad sea de mayor igualdad, más justa y humana.
Penagos López recordó que la libertad y la igualdad son las columnas fundamentales en las que se sustenta todo sistema democrático de derecho, por lo que no se puede hablar de un verdadero sistema democrático cuando esos principios no son observados, ya que van en detrimento del ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
“En la actual integración, el Tribunal Electoral ha puesto énfasis en potenciar los derechos humanos, entre otros, el de igualdad en la participación política hasta alcanzar la paridad en la postulación de ambos géneros, reconociendo en principio que el empoderamiento de las mujeres es vital no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia que sea menos formal y más sustantiva”, aseveró.
El diseño institucional mexicano de paridad de género es de los más fuertes en América Latina
Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el diseño institucional mexicano es hoy uno de los más fuertes de América Latina porque tiene un principio constitucional que establece la paridad de candidaturas de 50% para mujeres, que es lo más fuerte que se puede encontrar en el diseño de cuotas.
En el caso mexicano, continuó, ese diseño institucional se vio fortalecido la mayoría de las veces por el papel del juez electoral, quién llenó vacíos en materia de obligatoriedad de la paridad en las candidaturas a todos los cargos, tanto a nivel federal como estatal, disposición que fue establecida por la Sala Superior, que tuvo que explicarles que la palabra “todos” era para todos los cargos electorales y no sólo para algunos.
“La conclusión que uno encuentra es que muchos de los avances de la legislación fueron a golpe de sentencias y nos dan una serie de aprendizajes, como que la normativa sobre género muchas veces ha sido reactiva; es decir, que no ha sido porque el legislador la ha impulsado como una reforma electoral para resolver un dilema básico de la desigualdad de hombres y mujeres, sino que lo ha hecho en reacción por violación a derechos políticos de las mujeres”, subrayó.
Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, aseguró que las cuotas de género llegaron para quedarse, porque son plenamente válidas desde el punto de vista jurídico, pero además utilizando categorías precisas de derecho antidiscriminatorio, se trata de una garantía que está en la órbita de igualdad de trato y en contra la discriminación indirecta en el escenario político.
“Ahora bien, las cuotas electorales de género no son el techo de la igualdad entre mujeres y hombres, no es un punto de llegada en el ámbito de la participación política, sino que son el piso, el punto de partida para conseguir el objetivo más ambicioso que es la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres, también en la arena política”, recalcó.
La Comisión de Venecia recomienda incluir la igualdad de género en la legislación para hacerla efectiva
Amaya Úbeda, letrada de la Comisión de Venecia, indicó que la meta de la igualdad de género es una prioridad compartida no sólo por el Tribunal Electoral mexicano, sino que es una prioridad social anhelada por la comunidad internacional, porque sin mujeres no hay democracia.
En este sentido, enunció recomendaciones que la Comisión de Venecia ha establecido sobre experiencias concretas: la igualdad de género tiene que estar incluida en los instrumentos jurídicos nacionales, ya sea la Constitución o en la legislación de la materia; y los sistemas electorales deben cambiar para poder introducir cuotas con al menos 40% o 50%, como el caso de México.
“Además, lo que se recomienda por parte de la Comisión de Venecia, es incluir sanciones que sean efectivas y si puede ser que no sean de tipo económico”, puntualizó.
José Manuel Hernández Peguero, magistrado del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, señaló que como ocurre en muchas naciones, en la suya han consagrado en la Constitución la igualdad del hombre y la mujer, así como la no discriminación; por lo que cuentan con artículos referentes a esos principios fundamentales que sirven de guía a los tribunales y autoridades al momento de implementar sus ejecutorias.
Destacó que fue la presión social de la sociedad civil y de la mujer organizada, la que hizo posible esa conquista que data de hace más de ocho años, y consiste en el establecimiento de la cuota obligatoria de 33% de mujeres al momento de la inscripción de candidatura en las diputaciones y regidurías, aunque su aspiración es poder tener los logros obtenidos por México en la paridad electoral.
“Una ley de partidos políticos en donde sea posible que al momento de acceder una mujer a los puestos internos de la administración partidaria no sea deslegitimada, no le sean cuestionados esos derechos. Una ley que la motive a participar en las administraciones y direcciones públicas”, dijo.
Roberto Duque Roquero, especialista en temas electorales de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó la aportación de Tribunal Electoral con la publicación delProtocolo para atender la violencia política contra las mujeres, documento que tiene “un valor inmenso, es imperdible, en materia de género, de igualdad de derechos, porque hay un antes y un después en México por ese punto”.
