Van 15 denuncias por la intención de forzar el cambio de uso de suelo
22 de julio de 2016
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13:50
Fátima Alfaro/Quadratín
MORELIA, Mich., 22 de julio de 2016.- Un total de quince denuncias ante instancias ambientales y de seguridad pública estatal y federal, reunidas en la mesa de seguridad ambiental, suma la entidad, principalmente por daños intencionados a superficies boscosas con la intención de forzar el cambio de uso de suelo, tala clandestina e invasión de áreas naturales protegidas (ANP), refirió Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc).
Previo al inicio de la reforestación del predio El Varal, en la tenencia de Capula, Luna García destacó que se tienen quince casos de daño ecosistémico “muy particulares” en la mesa de seguridad ambiental, los cuales se ubican en las zonas de Uruapan, Tancítaro y el oriente del estado, en las inmediaciones de la reserva de la biósfera de la mariposa monarca.
El titular de la Semarnacc especificó que entre las dependencias receptoras de estas denuncias, interpuestas por las comunidades y los municipios afectados, se encuentran las procuradurías Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de Protección al Medio Ambiente, así como la Procuraduría General de la República (PGR).
Entre los casos que se ha logrado resolver o se encuentran en desarrollo, Ricardo Luna mencionó la comunidad de san Francisco Uruapan, donde se recuperaron 25 hectáreas que habían sido sustraídas por invasores y que en breve les serán restituidas a los comuneros; Tingambato, donde de 974 hectáreas de ANP voluntaria se han instalado en dos hectáreas huertos de aguacate, las que están en procese de restitución, así como Sierra Chincua, donde se han contabilizado 70 hectáreas afectadas por la tala clandestina, por lo que se prevé el ingreso de la Policía Ambiental para resguardarla.
Además de la presencia policíaca y la labor conjunta de autoridades de los distintos órdenes de gobierno en materias de seguridad y protección ambiental, se ha recurrido a la coordinación con los ayuntamientos y las comunidades, además de que se plantea instalar cámaras de vídeovigilancia en los puntos donde se ha observado una mayor incidencia de daño o invasión de espacios naturales.