La Opción/Jorge Vílchez
No hay duda que un paso necesario y urgente para resolver el conflicto magisterial es el diálogo entre todos los entes involucrados.
Sean éstos maestros, autoridades estatales, legisladores, e inclusive padres de familia quienes tengan que dialogar, pero el principal el motivo que los aliente debe ser la educación de los niños y las niñas de la entidad.
Refiere un comunicado de prensa de la autoridad estatal que “tanto el Gobierno del Estado como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) deben ser garantes del derecho de las niñas y niños a la educación pública, por lo que la administración estatal, por instrucción del gobernador Silvano Aureoles Conejo, convoca a profesores y trabajadores del sector educativo a formalizar el diálogo, y como muestra de madurez política anteponer la voluntad de construir acuerdos en beneficio de la niñez michoacana”.
Pero, ¿es posible entablar un diálogo cuando una de las partes, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, responde con marchas, plantones, bloqueos o secuestro de camiones y autos particulares?
¿Adónde puede llevar un diálogo como el que se plantea, cuando la parte que se dice agraviada insiste en demandar, y no precisamente con método pacíficos, la derogación de la Reforma Educativa propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión?
El gobierno michoacano ha reiterado en la necesidad de establecer una mesa de análisis con los maestros integrantes de ese sector del magisterio organizado michoacano.
Inclusive, ha exhortado a los legisladores federales michoacanos a que atiendan en el análisis de la Ley a los maestros que se oponen la instrumentación de la Reforma Educativa, la cual ha experimentado resistencias sobre todo en cuatro estados de la República Mexicana: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Un documento signado por decenas de militantes perredistas, encabezados por la senadoras Iris Vianey Mendoza, exhorta al gobierno de Michoacán “a asumir su compromiso social con la defensa de la educación pública, a privilegiar el diálogo ante este conflicto social y evitar la represión, a detener el hostigamiento y maltrato a los trabajadores de la educación, así como a salvaguardar el derecho jurídico tutelado más preciado que es la vida”.
Pero, los abajo firmantes no plantean exhorto alguno hacia los maestros que se ausentan de clases, realizan plantones y marchas, o provocan bloqueos ante edificios públicos y carreteras, lo que ocasiona serios problemas a la propia ciudadanía.
Cierto, como lo advierte el comunicado de la autoridad estatal: “el conflicto en el sector educativo no se va a resolver mediante la radicalización de acciones que solo conducen a la confrontación, y que afectan a muchos sectores de la sociedad, pero en primer lugar a los educandos que ven interrumpido su proceso de aprendizaje y que incluso pudieran estar en riesgo de perder el ciclo escolar”.
Según la postura oficial, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo ha manifestado su disposición a entablar un diálogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Y también se ha comprometido a ser interlocutor ante las instancias federales para ventilar las demandas de esta organización magisterial disidente.
Ahí está la decisión gubernamental. Falta la voluntad de la CNTE.
Al tiempo.
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