Disminuirá opinión consultiva el índice de litigiosidad: Carraso Daza
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio de 2016.- Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), informó que derivado de los procesos electorales en curso, de octubre de 2015 al 15 de junio de 2016, la Sala Superior resolvió, aproximadamente, mil 600 medios de impugnación en materia electoral, vinculados con procesos internos de partidos políticos.
De los cuales, 420 impugnaciones correspondieron a determinaciones de órganos partidistas; de ellas, 65 fueron por la elección de dirigencias partidistas; 450, por procedimientos internos y partidarios para selección de candidatos; e indicó que los asuntos de género superaron el centenar.
Según información en un comunicado, Carrasco Daza señaló que, frente al crecimiento en el número de asuntos relacionados con la vida interna de los partidos políticos, todos los actores deben asumir el reto de participar en la formación de una cultura de la legalidad democrática al seno de los institutos políticos y en el desarrollo de los procesos electorales.
Al impartir la Conferencia de clausura: “Justicia Electoral y Democracia”, del Seminario “La Reforma de la Justicia Electoral”, el magistrado Carrasco, detalló los elementos legales, la materia y la legitimación activa de su propuesta de modelo de opinión consultiva, la cual tendría una competencia complementaria a la desarrollada por la jurisdicción electoral en la vía contenciosa.
Asimismo, señaló que la opinión consultiva es potencialmente un medio para lograr un sistema más eficiente de impartición de justicia, ya que constituiría una vía alterna para disminuir la litigiosidad en los tribunales electorales y atemperar el impacto que representa una decisión judicial en el ámbito contencioso.
En la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que por su naturaleza, la opinión consultiva se realiza a través de un ejercicio de conformidad o juicio de compatibilidad a través del cual se pondera si una norma legal se ajusta o no a los parámetros constitucionales.
En virtud de la citada opinión, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Electorales (Oples) podrían recurrir al Tribunal Electoral a formular consultas respecto de sus propios acuerdos o disposiciones generales y, tratándose de partidos políticos, sus órganos internos de dirigencia contarían con legitimación activa para presentar consultas.
También podrían solicitar la opinión consultiva aquellos candidatos o precandidatos que busquen controvertir el marco normativo dispuesto para los procesos internos en que participen (tales como la convocatoria, reglamentación o estatutos); así como otros sujetos que cuenten con interés legítimo de cara a la consulta.
El magistrado Constancio Carrasco Daza señaló la necesidad de considerar que el sometimiento de una opinión consultiva a las Salas del Tribunal Electoral debe estar circunscrito a la materia del acuerdo objeto de análisis y debe aplicarse a situaciones concretas que justifiquen la necesidad de que se emita una opinión de esta naturaleza.
Incluso, destacó que el TEPJF ponderaría la trascendencia y utilidad de la consulta, considerando los alcances y la dimensión de su materia, para determinar la forma en que una norma o disposición se ajustaría al renovado orden constitucional.
En este sentido, señaló que esta nueva facultad consultiva permitiría dilucidar un conflicto, mediante una intervención ex ante a cualquier litigio, actuando de forma preventiva y orientadora, desarrollándose un control previo de constitucionalidad.
Al detallar algunas ventajas de un modelo de opinión consultiva, el Presidente del TEPJF destacó la posibilidad de disminuir la excesiva articulación de casos litigiosos ante los órganos jurisdiccionales de la materia y la de reconfigurar la percepción que se tiene de la impredictibilidad de sus decisiones.
Asimismo, señaló que por la naturaleza de la materia electoral, la consulta permitiría establecer premisas generales sobre la libertad de expresión, la equidad en la contienda electoral, la imparcialidad en el manejo de recurso públicos y directrices en materia de propaganda política en radio y en televisión, entre otras.
Carrasco Daza recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido pionera en labores concernientes a la emisión de consultas, como una de las alternativas paralelas a su jurisdicción contenciosa.
Al respecto, comentó que los sistemas de control constitucional de Italia y Alemania cuentan con la facultad consistente en que, si un juez ordinario al resolver un determinado caso, observa que alguna norma tiene indicios de inconstitucionalidad, puede someter tal cuestión al Tribunal o Corte Constitucional.
Por su parte, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Doctor Diego Valadés, respaldó la propuesta del magistrado Carrasco, al considerar que “esta idea de la opinión consultiva debe ser recogida”. Al respecto dijo que la reforma podría tener lugar por la vía formal, mediante las modificaciones legales realizadas por el Congreso de la Unión, o bien, por la vía de las mejores prácticas.
“No es necesario que legislemos para que haya opinión consultiva, esto forma parte de una relación institucional y en la medida que se desarrolle la generación de conductas a partir de la práctica, la ley recuperará su sentido de disposición general y no de disposición reglamentaria”, puntualizó.
El Seminario “La Reforma de la Justicia Electoral” se realizó del 13 al 17 de junio en el auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio del IIJ de la UNAM y congregó a 60 expertos en temas electorales.
