Respira Godoy: dan amparo a Lupo
MORELIA, Mich., 6 de julio del 2012. La Justicia Federal otorgó a J. Guadalupe Hernández Alcalá el amparo que promovió en contra del Gobierno del Estado por la creación del anticonstitucional Consejo Ciudadano y la violación a los derechos humanos del ex funcionario estatal.De acuerdo a un comunicado de prensa, en la resolución notificada al Dr. Hernández Alcalá y sus representantes legales este viernes 6 de julio, la Jueza IV de Distrito, Marta Elena Barrios Solís señala:“SEGUNDO: La Justicia de la Unión ampara y protege a J Guadalupe Hernández Alcalá, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional; Secretario de Gobierno; Secretario de Finanzas; Director del Periódico Oficial del Estado; Coordinador de Planeación para el Desarrollo y Coordinador de la Contraloría del Ejecutivo, todos del Estado de Michoacán; para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia”Al conocer esta sentencia, dictada ayer 5 de julio del presente, el Dr. Hernández Alcalá señaló que “es una sentencia a favor de la legalidad y la vigencia del estado de derecho en la entidad”; además que esta resolución “rescata la importancia de la salvaguarda de los derechos humanos de cualquier ciudadano por parte de cualquier autoridad”.El ex secretario de salud de la entidad reiteró que todos los ex funcionarios que solicitaron el amparo de la justicia federal tienen un claro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas en donde abundó: “los funcionarios que solicitamos el amparo hemos repetido que estamos a favor de la fiscalización de los recursos públicos. Pero también hemos dejado claro que son la Auditoría Superior del Estado y en su caso la Auditoría Superior de la Federación los órganos legales a quienes les corresponde la fiscalización como lo establecen las constituciones de la República y la de Michoacán”.Por último señaló estar seguro de que el Recurso de Revisión interpuesto por Minerva Bautista el día de ayer, sea resuelto a favor de la ex funcionaria ya que es evidente la anticonstitucionalidad del Consejo Ciudadano y la ilegalidad de las “auditorias” realizadas por empresas particulares, contratadas por el mismo Gobierno del Estado.
