Signan convenio para instalación de Observatorio Ciudadano
MORELIA, Mich., 29 de junio de 2012.- El gobierno de Michoacán y la Fundación México SOS, signaron un convenio de colaboración para instalar el Observatorio Ciudadano en la entidad y a la vez una mesa sobre seguridad.En Casa de Gobierno, Alejandro Martí, presidente de México SOS señaló que este convenio permitirá mantener una cercanía entre las instituciones de procuración de justicia y seguridad con la sociedad civil, el objetivo, dijo es exigir unión, respeto y firmeza para persecución de delitos y la implementación del nuevo sistema de justicia penal.“No hay una forma fácil de salir de los problemas que tenemos si no regresamos o transitamos por el camino difícil de formar instituciones de excelencia; si nosotros los ciudadanos, no nos decidimos a participar, no haciendo gobierno, sino trabajando con el gobierno”, advirtió.Posteriormente, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa sostuvo que la solución ante la inseguridad que padece el país reside en combatir “sin simulaciones” la corrupción, la impunidad y la apatía ciudadana.Advirtió que el Ejecutivo estatal está combatiendo la corrupción al interior de las instancias de seguridad en la entidad, en ese sentido, dijo avanza la implementación del nuevo modelo de seguridad en colaboración con el gobierno federal.“Quiero decirles a ustedes que el titular de la Secretaria de Seguridad Pública en el estado, surgió de un acuerdo entre las diferentes instancias de gobierno federal y estatal”, mencionó el mandatario en torno al titular de la SSP, Elías Álvarez.Del mismo modo, refirió que la mesa de seguridad, que preside Alonso Gómez, operará con un modelo de colaboración serio, responsable y propositivo por lo que anunció que como jefe del Ejecutivo se sumará a los trabajos de evaluación que dirige México SOS en Michoacán.En tanto, el titular de la Secretaría Técnica para la Reforma Penal, Felipe Borrego Estrada, sentenció que es impostergable concretar la reforma judicial debido a que la ciudadanía percibe la “lentitud, inequidad y corrupción” como denominador común en la mayoría de los procesos, lo que genera un debilitamiento de las instituciones de persecución de delitos e impartición de justicia.
