Reconoce TEPJF a Pichátaro por su autonomía y autogobierno
MORELIA, Mich., 19 de mayo de 2016.-La Sala Superior resolvió como procedente la acción declarativa para reconocer los derechos colectivos a la autodeterminación, autonomía y autogobierno de la comunidadindígena purépecha de San Francisco Pichátaro, Michoacán, vinculados a su derecho a la participación política efectiva para determinar su condición política frente a las autoridades estatales, así como a administrar los recursos públicos que le corresponden.
De acuerdo a información de un comunicado, al resolver el SUP-JDC-1865/2015, el Pleno vinculó al Instituto Electoral de Michoacán para que en colaboración con las autoridades municipales y comunitarias, organice la consulta previa e informada a la comunidad relacionada con la transferencia de responsabilidades respecto a su derecho a la administración directa de los recursos económicos que le corresponden.
Además, vinculó al ayuntamiento de Tingambato, para que en caso de que la consulta sea favorable se adopten las acciones necesarias para garantizar que la comunidad actora administre directamente los recursos presupuestales que le corresponden, teniendo en cuenta las prioridades y estrategias definidas por la propia comunidad para el ejercicio de sus derechos al autogobierno y desarrollo, así como la administración de los programas respectivos mediante sus propias instituciones políticas, económicas y sociales en una lógica de progresividad.
En consecuencia, la magistrada y los magistrados ordenaron al Ayuntamiento responsable celebrar consultas y cooperar de buena fe con la comunidad indígena de San Francisco Pichátaro, por conducto de sus autoridades tradicionales, antes de adoptar y aplicar cualquier medida administrativa respecto de dicha comunidad.
El magistrado ponente Salvador Nava Gomar destacó que la calidad y la cualidad de las comunidades indígenas a partir del artículo 2° de la Constitución hace potenciar desde el artículo 1° todos los derechos político-electorales para que las comunidades indígenas puedan participar de acuerdo con sus propias cualidades y características en la toma de decisiones.
Estableció que el oficio por el cual el ayuntamiento negó la administración de recursos se traduce en una falta de reconocimiento del estatus constitucional de comunidad indígena y de sus derechos constitucionales, lo que genera una situación que afecta real y directamente a la comunidad indígena purépecha de San Francisco Pichátaro, al impedirle el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos humanos y políticos básicos en tanto comunidad indígena, como son la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno.
“El proyecto se limita a determinar y a precisar los derechos políticos de autogobierno, autodeterminación y autonomía, en particular el derecho de la comunidad a ser consultada de manera previa atendiendo a la propia naturaleza de esta comunidad indígena, informada y efectiva respecto de cualquier medida que pudiera afectarle”, señaló.
Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza se sumó al proyecto por considerarlo muy importante, sobre todo por referirse a una comunidad del estado de Michoacán, que aún no tiene un reconocimiento legal, a pesar del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del artículo 2º constitucional, y de que las leyes sobre derechos indígenas en la mayor parte de las entidades se han aprobado.
En este estado, añadió, hay una inseguridad absoluta de las comunidades que, si bien son pocas o pequeñas, están verdaderamente abandonadas por el legislador y por las autoridades que no saben realmente a dónde referirse para poder encuadrarlas, a diferencia con otros estados donde son el centro de muchas de sus leyes y de sus políticas públicas.
“Aquí es el caso de una comunidad indígena que no comparte los intereses o la integración o los objetivos del resto del municipio y, en consecuencia, lo que está pidiendo con base en el artículo 2º de la Constitución, 169 del Convenio de la OIT, es que tenga autonomía presupuestal y el manejo de su propio presupuesto. Yo lo veo claramente, absolutamente ligado a la autonomía indígena consagrada desde el 2001 en nuestra Constitución. Por eso voy a votar a favor”, afirmó.
En su turno, el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, comentó que está reconocida la auto-adscripción indígena de la comunidad de San Francisco Pichátaroy señaló que se encuentra apegada a la normativa constitucional y convencional la realización de una consulta, para que sea la propia comunidad la que determine si está en condiciones de exigir que sean ellos mismos, a través de sus autoridades, quienes reciban los recursos públicos que le corresponden en el orden municipal, así como la manera de administrarlos.
A partir de la lógica de los artículos 6° y 7° del Convenio 169 de la OIT, expresó, se tiene que reconocer como piso mínimo el derecho a la consulta de esta comunidad, para discutir si todos los miembros de la misma dan su consentimiento o están de acuerdo con la exigencia de que sus autoridades administren los fondos que le son entregados al municipio.
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa votó a favor del proyecto al coincidir en que se está aplicando una perspectiva intercultural en el asunto y se está reconociendo el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para proveer de recursos económicos, a fin de abatir situaciones que les impiden gozar efectivamente de sus derechos.
Además, la juzgadora sostuvo que se debe garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas para que dicha comunidad determine sobre la administración directa de los recursos económicos que le corresponden, por lo que el Instituto Electoral de Michoacán, en colaboración con las autoridades municipales de Tingambato deberán realizar dicha consulta, cuyos resultados serán vinculantes tanto para la autoridad municipal como para las Estatales vinculadas con su cumplimiento.
El magistrado Flavio Galván Rivera votó en contra del proyecto al considerar que el asunto presentado no es electoral, sino un tema de derecho presupuestario, por lo que no se concreta ninguno de los supuestos de procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, que tutela la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Dijo que en ningún caso se trata de la protección al derecho a votar y tampoco del derecho a ser votado, ni tampoco se trata de la asociación política de los ciudadanos para participar en la vida política del país ni del derecho de afiliación a los partidos políticos locales y nacionales existentes, ni tampoco el supuesto de integrar un órgano de autoridad electoral o nacional.
“No está concretado, en mi opinión, ninguno de los supuestos de procedibilidad del juicio. Se trata de un tema relativo al ejercicio del presupuesto del municipio, que la comunidad pretende recibir y administrar de manera directa. Es derecho presupuestario, no es derecho electoral, en mi opinión”. El magistrado Galván Rivera anunció la emisión de un voto particular.
