Itinerario político / Ricardo Aleman
El “caso Tlatlaya” no requiere más explicación. El 2014 un grupo de militares acudió a una bodega en Tlatlaya, en donde según reportes ciudadanos se ocultaban integrantes de un grupo criminal.
Los militares fueron recibidos a balazos. Respondieron el fuego y mataron a la banda criminal. Un militar resultó herido. Luego, membretes de ONGs orquestaron un montaje mediático para acusar a los militares de torturar y ejecutar a los criminales.
Se valieron de conocido circuito de periodistas, intelectuales y académicos que, reiteradamente, emplean idéntico “modus operandi”; adoctrinar a criminales para inventar tortura y violencia de parte de policías, marinos y militares para –con ello--, lograr liberar criminales y obtener dinero público mediante la reparación del daño; dinero que reparten con las ONGs.
Rapiña y perversión emparentado con el crimen organizado, sólo que vestido con ropajes de derechos humanos.
En el “Caso Tlatlaya” el “Centro ProDH” –de Emilio Álvarez Icaza--, se encargó de inventar la supuesta ejecución de militares contra criminales y –en complicidad con la CNDH--, solicitó millones para familias de los criminales.
Así, el 21 de octubre de 2014, la CNDH emitió la Recomendación 51/2014, dirigida a la Sedena, PGR y gobierno mexiquense, en la que asegura que se violaron derechos humanos en agravio de 25 víctimas directas, (22 criminales fallecidas y 3 sobrevivientes) del enfrentamiento del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.
Las dependencias debían reparar el daño ocasionado a víctimas indirectas; hijos en edad escolar, padres y cónyuge de los criminales. Dinero que, por ejemplo, nunca recibe la familia de un militar, marino o policía asesinado por criminales.
A su vez, en mayo de 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal (CEAV) inició las acciones de reparación integral a las personas afectadas en el “Caso Tlatlaya” y estableció que el monto a pagar a las familias de los criminales abatidos era de 50 millones de pesos. Es decir, el dinero público es utilizado como pago a las familias de los criminales; nunca a las víctimas de los propios criminales.
Jaime Rochín, presidente de la CEAV –quien suplica para seguir en la rentable Comisión Ejecutiva--, declaró en mayo de 2015 que 13 familias recibirían la reparación integral del daño.
En tanto, la PGJEM pagó una reparación del daño a tres mujeres sobrevivientes, calculada en 50 millones de pesos. Las mujeres eran parte de la banca criminal y fueron adoctrinadas por el Centro ProDH para avalar el engaño –lo cual nunca lograron--, y sus contradicciones llevaron a dos jueces civiles a rechazar la versión de la tortura a los criminales y la ejecución por parte de los militares.
Las familias de los criminales abatidos recibirían 100 millones de pesos de dinero público y 50% --50 millones de pesos--, se quedarían en manos del Centro ProDH. El negocio de los derechos humanos.
Hoy jueces federales declararon inocentes a los militares. ¿Por qué la CNDH y la CEAV aceleraron el pago a familias de criminales, antes de conocer si existió o no culpa de los militares?
El tamaño del negocio, la rapiña y la perversión de los derechos humanos.
¿Será que, el de los derechos humanos, es un negocio igual al del crimen organizado? ¿Existe diferencia entre los negocios criminales y los negocios de la CNDH, la CDHDF, y las ONGs?
¿Por qué ninguno santón del periodismo, del intelecto y la academia habla del mal humor social que producen esos delincuentes de “cuello humano”? Farsa y farsantes.
Al tiempo.
