Verídicas, sólo 25% de llamadas a números de emergencia
MORELIA, Mich., 28 de abril de 2016.- La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), aprobó por unanimidad reformas y adiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los registros de llamadas a servicios de emergencia se incluyan en las “bases de datos” criminalísticas y de personal, a fin de combatir solicitudes falsas.
Según un comunicado de prensa, la propuesta del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (PRI), para reformar el artículo 5 de esta ley, precisa que así las autoridades contarán con más elementos e información detallada para cumplir con los propósitos de seguridad pública.
El dictamen avalado establece que recibir una respuesta adecuada y pronta a un llamado de emergencia debe considerarse una oportunidad para salvar la vida, garantizar la paz y el bienestar de la población; en este contexto, informó que el año pasado se captaron 90 millones de solicitudes de este tipo, de las cuales 75 por ciento eran falsas.
Lo más grave es que propician dejar de atender verdaderas urgencias poniendo en peligro a la comunidad y mermando la confianza en las instituciones públicas, además de representar un grave problema para los organismos de seguridad pública, protección civil y emergencia, por los costos que generan.
Las llamadas de emergencia no verídicas provocan movilización de instituciones del Estado de manera inútil, repercuten en tiempos de espera y eficacia para atender verdaderas solicitudes de auxilio, que exigen la actuación inmediata para salvar la vida de personas.
La instancia legislativa también aprobó reformas al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer mecanismos que implementen “el respeto a los derechos humanos, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios de reinserción social”.
La propuesta de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral (Nueva Alianza), destaca la importancia de impulsar un enfoque de seguridad pública basado en la cohesión comunitaria, ya que el restablecimiento de la confianza entre gobierno y ciudadanos, es factor básico de desarrollo para asegurar y preservar el orden y la paz pública.
A la luz de la reforma constitucional de 2008 y 2011 en materia de derechos humanos, el dictamen resalta las facultades de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para erigirse como órgano de análisis, difusión e instrumentación de la política pública en el esquema de reinserción social, con estricto apego a la legislación y con absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas, adecuando sus atribuciones a lo previsto en la Carta Magna.
