Necesario mejorar servicios educativos de las poblaciones vulnerables

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de abril de 2016.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó hoy su informe 2016 La Educación Obligatoria en México, a los integrantes de la comisión de Educación del Senado de la República y a los miembros de la comisión  de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Según un comunicado, el documento sobre el estado que guarda el Sistema Educativo Nacional (SEN) tiene como marco de referencia el enfoque de derechos humanos, cuya principal característica es el reconocimiento de la existencia de personas que deben estar en posibilidad de exigirlos y de autoridades responsables de garantizar su cumplimiento

El Informe dado a conocer por los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle – presidenta-, Margarita Zorrilla Fierro, Teresa Bracho González, Eduardo Backhoff Escudero y Gilberto Guevara Niebla, reúne información sobresaliente para ofrecer un diagnóstico que propicie una mejor toma de decisiones en la formulación e implantación  de políticas educativas.

Destaca el documento que México cuenta con una población cuyo promedio de escolaridad es de 9.2 grados, lo que equivale a poco más de la secundaria completa. En casi medio siglo avanzó a razón de 1.1 grados cada diez años.

En la educación preescolar, obligatoria desde 2008, apenas 32.8 por ciento de los niños de 3 años  asiste a la escuela. En cambio, la educación primaria está cerca de alcanzar su universalización, con una cobertura de 98.6 por ciento. Un porcentaje muy alto de los egresados de primaria ingresa a la secundaria, pero debido a la deserción en ese nivel educativo, 258 000 niños de entre 12 y 14 años no están en la escuela. El problema se agudiza en el caso de la población en edad de cursar la educación media superior (EMS), ya que 2.4 millones de quienes tienen entre 15 y 17 años están fuera de la escuela.

En el rubro del magisterio se presentan datos derivados de las evaluaciones realizadas en el marco del Servicio Profesional Docente (SPD) en 2015: la de ingreso, la de promoción y la de desempeño. De las dos primeras puede concluirse que los concursos permitieron seleccionar a los mejores maestros y directivos; sin embargo, quedó fuera casi la mitad de quienes participaron en el concurso de ingreso a la educación básica (EB) y dos terceras partes de los que lo hicieron para EMS.

Las primeras evaluaciones de desempeño han ofrecido al SEN elementos valiosos para orientar un programa de formación y apoyo a los docentes. Asimismo, permitió que participaran 134 285 docentes y directores de educación básica y docentes de educación media superior. Los datos revelan información alentadora: sólo 13.8 por ciento de los participantes no mostró las condiciones mínimas del perfil del buen docente de EB; 37.7 por ciento obtuvo resultados suficientes, lo que significa que deben mejorar diversos aspectos de su práctica pedagógica por medio de procesos de formación y acompañamiento previstos por la Reforma Educativa.

De las escuelas se plantean algunas de las condiciones que deben reunir para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad y se destaca que, en ninguna modalidad, los centros escolares cuentan en su totalidad con las condiciones básicas. Las mayores carencias se encuentran en escuelas ubicadas en los contextos más desfavorables que atienden a la población con mayor grado de vulnerabilidad.

Respecto del currículum, el informe plantea que si bien se han hecho esfuerzos para articular los planes y programas de estudio de la EB y la EMS, éstos han sido insuficientes y es necesario avanzar en la articulación curricular entre ambos niveles de la educación obligatoria. Los contenidos son excesivos para los reducidos tiempos de enseñanza, lo que implica incurrir en prácticas que contravienen los principios pedagógicos.

En cuanto a las evaluaciones estandarizadas de logro, muestran que no se están alcanzando los niveles establecidos en los planes y programas de estudio. Los resultados de Planea confirman que la marginación de las localidades en las que se ubican las escuelas se asocia fuertemente con la adquisición de los aprendizajes y se identifican logros educativos más bajos en las familias con menores recursos.

Señala el informe que el gasto en EB muestra una clara orientación que beneficia a la población con menores niveles de ingreso. De igual manera, el gasto en EMS beneficia a éstos y a los deciles de ingresos intermedios; sin embargo, hay espacios de oportunidad.

Por otra parte, indica que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ha experimentado una notable disminución de recursos, además de que no existe para ellos una política educativa integral, coherente, articulada y sostenida que les garantice el derecho a la educación. El porcentaje de asistencia a la escuela es de entre 14 y 17 por ciento de los niños en edad de cursar la EB.

La constante que recorre el contenido de todos los capítulos del informe es la inequidad con la que se brinda el servicio educativo. Para revertirla, las políticas educativas deben proponerse igualar las condiciones en las que los alumnos aprenden, mediante acciones afirmativas y medidas compensatorias intencionales; de lo contrario, un sector poblacional muy importante no podrá hacer valer su derecho constitucional a una educación de calidad.​