En elección de 2016 aumenta gasto para partidos, señala el IBD

MORELIA, Mich., 9 de abril de 2016.- En diez de las 13 entidades donde se realizarán elecciones este año, entre 2010 y 2016 disminuyó el gasto operativo hasta en 88.1 por ciento, aprobado por los congresos locales para los institutos electorales locales. Por el contrario, el gasto asignado a los partidos políticos aumentó hasta 223.6 por ciento, de acuerdo a la investigación “Elecciones en 2016. Nueva Prueba al modelo electoral vigente” del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Según un comunicado de prensa, de los estados en los que disminuyó el gasto, la reducciones oscilaron entre 88.1 por ciento (Baja California) y 0.6 por ciento (Veracruz); sólo tres estados --Aguascalientes, Hidalgo y Tamaulipas-- registraron incrementos, aunque en el caso de este último el aumento fue de sólo 0.2 por ciento. Destaca Aguascalientes, cuyo gasto operativo incrementó casi diez veces en el mismo periodo.

En el caso de las prerrogativas asignadas a los partidos políticos, sucede lo contrario que en el gasto operativo: en diez de los estados con elecciones en 2016 aumentó, respecto de 2010; los incrementos van de 223.6 por ciento (Veracruz) a 16.2 por ciento (Durango).

De acuerdo a la investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD, los tres estados que destinaron mayores recursos para los partidos, además de Veracruz, son: Puebla con 211.6 por ciento y Baja California con184.1 por ciento. Entre 2010 y 2016, sólo tres entidades presentaron disminución en este rubro: Aguascalientes (6.5 por ciento), Chihuahua (0.2 por ciento) y Zacatecas (44 por ciento).

Por otra parte, el total del gasto electoral asignado para la elección concurrente es de cuatro mil 428 millones de pesos, y si se agregan mil 370 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene aprobado gastar en materia de organización de elecciones en 2016, el total es de casi 5 mil 800 millones de pesos.

El IBD destaca que vinculado con el número de votantes potenciales (ciudadanos registrados en la lista nominal), el gasto electoral total más alto en 2016 --que es la suma de lo asignado a los órganos públicos locales electorales, más las prerrogativas a los partidos-- corresponde a Zacatecas y Durango, estados con un gasto estimado de 225.85 pesos y 209.43 pesos por votante potencial, respectivamente.

Por el contrario, el gasto más bajo se ubica en Baja California, donde el promedio es de 74.38 pesos por cada ciudadano registrado en la lista nominal. A escala nacional, considerando los trece estados con procesos electorales en 2016, el gasto promedio sería de 151.23 pesos por elector potencial.

Este año habrá elección en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; mil 366 cargos de elección popular, incluyendo doce gubernaturas, es decir, poco más de una tercera parte de los gobiernos estatales del país..

El IBD considera que este proceso electoral es relevante por dos razones: se renovará un amplio número de cargos electivos, cuyos titulares gobernarán sobre una extensa geografía y un amplio sector de la población; 29 millones 282 mil personas, que forman parte de la lista nominal, podrán acudir a votar en la jornada electoral, lo que representa 34.8 por ciento de la población que integra esa lista a escala nacional.

Y en segundo lugar, porque se pondrá de nuevo a prueba el modelo electoral diseñado y aprobado con la reforma constitucional de 2014, y con las nuevas leyes electorales que de ella derivaron, señala el Instituto Belisario Domínguez en la investigación.

Es decir, con la redistribución de funciones entre el INE y los institutos electorales locales, el primero se convierte en una autoridad fundamentalmente supervisora para procesos y asuntos electorales locales, y también asume funciones que antes correspondían al ámbito local.

Además, puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función que corresponden a los institutos locales; o delegar en ellos las atribuciones relacionadas con la organización electoral, sin perjuicio de reasumir su ejercicio en cualquier momento; y atraer cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, por su trascendencia o para sentar un criterio de interpretación, detalla el IBD.