México, de los primeros con más presos por cada 100 mil habitantes
MORELIA, Mich., 5 de abril de 2016.-El Pleno cameral recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un Pronunciamiento sobre la Racionalización de la Pena de Prisión, donde precisa que si bien el incremento punitivo ha sido motivado como respuesta de la demanda social por mayor seguridad y justicia frente a la creciente delincuencia, éste se aparta de la racionalización, así como del fin constitucional de reinsertar efectivamente a la sociedad a los sentenciados.
Según un comunicado de prensa, en su documento, enviado a la Comisión de Derechos Humanos para conocimiento, la CNDH plantea modificar el marco normativo de los delitos donde existan penas privativas de libertad por encima de la esperanza de vida de las personas.
Además, pide que se retome el criterio del tope máximo de penalidad para todos los delitos y se elimine el criterio de compurgación sucesiva de penas dictadas en diferentes causas penales, a fin de que resulte coherente con los criterios de derechos humanos consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales en los que México es Estado parte.
Sugiere restituir el beneficio de libertad preparatoria, así como el de la remisión parcial de la pena y la preliberación, para aquellas personas que reúnan los requisitos que se señalen, sin que esto sea en general, sobre la base de los delitos cometidos, aplicando el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos humanos.
Por ello, si se ha logrado el disfrute de estos derechos, el Estado no debe disminuir ni desconocer ese nivel alcanzado, subraya.
Considera prioritario promover la deflación punitiva en aquellas normas que resulten incompatibles con el derecho a la reinserción social, ya que un modelo de política criminal que enfatiza largas condenas de prisión, no tiene un efecto preventivo general real (disuasivo) ni tampoco especial, debido a que lo único que consigue es saturar el sistema penitenciario a costos materiales y humanos exorbitantes.
Plantea establecer un programa de prisión permanentemente, revisable para aquellas personas sentenciadas con condenas superiores a los 30 años, y vitalicias, a fin de que se evalúe la pertinencia de la excarcelación bajo argumentos humanitarios, sobre el cumplimiento de programas de reinserción social efectiva y disminución de riesgo social.
La CNDH puntualiza que es sustancial promover la aplicación de programas de justicia restaurativa en materia penal para todos los delitos, que se enfoquen en el respeto a la dignidad e igualdad de las personas, destacando la importancia de la víctima en los procesos de reparación, ofreciendo a los ofensores la oportunidad de comprender mejor las causas y los efectos de su comportamiento.
De igual modo, considera oportuno adoptar programas de acompañamiento psicológico, educativo y recreativo, entre otros, que ayuden a mitigar algunos de los resultados más dañinos del encarcelamiento durante largos periodos y a compensar estos efectos de manera positiva y pro-activa para poder sobrellevar una larga condena.
El documento, que tiene como objetivo contribuir a la discusión de la Ley Nacional de Ejecución Penal, resalta que la suma del uso excesivo de la prisión, con la variable de penas de larga duración sin beneficio a libertad anticipada, coloca a México en el número siete de una lista de 223 países, es decir, entre los primeros que tienen un mayor número de personas en internamiento penitenciario por cada 100 mil habitantes.
