Policías y agentes del MP, principales torturadores

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de marzo de 2016.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a través de su Comité de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CTTCID), a cargo de la especialista Verónica Cervera Torres y coordinado por la comisionada Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, realizó el pasado lunes 14 de marzo de 2016 la Presentación de Resultados del “Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura”.

De acuerdo con un comunicado, este evento fue realizado en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), quien también colaboró en la realización de dicho Diagnóstico a través de un convenio de colaboración celebrado entre ambas instituciones para la elaboración de una encuesta aplicada a 1200 personas mediante la selección de una muestra representativa a nivel nacional.

En la presentación estuvieron presentes, por parte de la CEAV, el comisionado presidente, Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, la comisionada Susana Thalía Pedroza de la Llave y la titular del CTTCID Esp. Verónica Cervera Torres, y por parte del IIJ-UNAM los investigadores Dr. Alberto Abad Suárez Ávila y Dr. Carlos Silva Forné. Asimismo, los comisionados y la titular del Comité aprovecharon la oportunidad para expresar su reconocimiento y agradecimiento al director del IIJ-UNAM, Dr. Pedro Salazar Ugarte, y a los investigadores participantes en la elaboración y aplicación de la encuesta Dr. Alberto Abad Suárez Ávila, Dr. Mauricio Padrón Innamorato y Dr. Carlos Silva Forné.

La encuesta para este Diagnóstico fue aplicada durante el primer trimestre de 2015, constó de 66 preguntas divididas en distintos bloques, a saber: situación del país y expectativas de futuro; interés en asuntos públicos y exposición a medios; derechos y derechos humanos; legalidad y justicia; institucionalidad y Estado de derecho; confianza en las instituciones; violencia y seguridad pública; acceso a la justicia, y atención a víctimas. Lo anterior, con la finalidad de obtener un panorama inicial del contexto del país, incluyendo el bloque específico del tema de tortura con 14 preguntas desde diferentes ámbitos como su justificación, legitimidad, gravedad, finalidad, métodos, eficacia, factores que la propician, responsables, temor por sufrir dicha práctica y, finalmente, si se considera una problemática importante que amerite un marco jurídico claro sobre el tema.

El objetivo del Diagnóstico radicó en conocer la percepción actual de la población mexicana en torno a la práctica de la tortura. Para ello, también fueron importantes referentes los resultados de la “Encuesta global actitudes respecto a la tortura”, realizada por Amnistía Internacional; los trabajos previos elaborados por el IIJ-UNAM a través de las “Encuestas nacionales de cultura constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado de 2003 y 2011”; las encuestas que forman parte de la reciente colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, así como los datos obtenidos de la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados de este Diagnóstico arrojan datos preocupantes como sociedad mexicana, por lo que se destaca la necesidad de que exista un marco jurídico sólido. A continuación, se destacan algunos de los resultados señalados en la presentación:

• Existe un porcentaje significativo de la sociedad mexicana (alrededor de una tercera parte) que acepta o legitima la utilización de la tortura como práctica, pese a identificar su nivel de gravedad y métodos para ciertos supuestos como: proteger a la población de un riesgo inminente o ante determinados delitos (graves, violación, secuestro, extorsión, robo, traición a la patria y fraude, principalmente), así como su aplicación a personas que cometan tales ilícitos o bien que pertenezcan al narcotráfico, y también como un instrumento eficaz de sometimiento y castigo para la consecución de ciertos fines para la obtención de la verdad.

• En contraste con lo anterior, aproximadamente una tercera parte de la muestra teme ser sujeto de tortura si es detenido o detenida, desapareciendo la barrera entre considerar que solamente a otras personas imputadas les puede ocurrir tal hecho, revirtiendo la reflexión de que cualquiera puede ser víctima de tortura y, en consecuencia, todas y todos debemos indignarnos ante todos los casos de esta práctica, sin importar la situación jurídica de la persona o el delito que se le impute, ya que dicha circunstancia no anula su dignidad como persona ni suprime sus derechos humanos.

• Si bien como factores de la persistencia de la tortura en México fueron atribuidos la corrupción, las malas prácticas y la falta de capacitación de las autoridades, así como la impunidad y la dificultad para acreditar los hechos de tortura, al presente Diagnóstico se suma, como un factor de permanencia, el elemento cultural debido a que, como se indicó, una parte importante de la población justifica su práctica bajo determinados supuestos.

Los datos obtenidos señalan como principales agentes torturadores a elementos policiales, seguido de agentes del Ministerio Público y miembros de las Fuerzas Armadas, quienes son servidoras y servidores públicos que procuran a la población y resultan, algunas y algunos, ser transgresores de derechos humanos al utilizar la tortura, misma que bajo ninguna circunstancia tiene cabida, aún bajo supuestos de suspensión o restricción de derechos contemplados en nuestro orden constitucional, de tal forma que no puede invocarse la “facultad de torturar” bajo ningún argumento.

El Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura constituye un esfuerzo en la lucha contra la práctica de la tortura en nuestro país, destacando un enfoque sociológico y cultural más allá del aspecto jurídico, al destacar el rol de la población en la participación de su erradicación a través de la denuncia de tales actos y la exigencia de justicia ante los órganos competentes, con la finalidad de sancionar a las y los responsables y reparar integralmente a las víctimas.

En ese sentido, aunque contemos con un marco jurídico nacional e internacional extenso sobre la proscripción de la tortura, no trascenderemos a su plena eficacia y erradicación mientras las personas no tengan conocimiento de ello y, sobre todo, la toleren o acepten como algo necesario para la obtención de ciertos fines, con lo cual la naturalizan o normalizan y crean un contexto favorable a los torturadores para continuar aplicándola en total impunidad. Sin la voz y la presencia activa de una sociedad contraria a la tortura, la posibilidad de que el gobierno rinda cuentas, castigue a los responsables y se consolide un auténtico Estado democrático de derecho disminuye.

Si logramos avanzar en que la sociedad sea consciente, sensible y solidaria ante el hecho de que todas las personas, por el hecho de serlo, tienen derechos humanos y que nadie debe o merece sufrir tortura, sin duda daremos un paso importante en la consolidación de un Estado constitucional de derecho, una cultura de derechos humanos y la erradicación de esta práctica, ya que ante el conocimiento de cualquier caso no buscaremos una justificación o una explicación de tal hecho, sino la exigencia de justicia para las personas víctimas y el castigo a las y los responsables.

Para consultar el Documento Ejecutivo sobre los Resultados del Diagnósticos Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, dar clic aquí.