Excesos/Arturo Herrera Cornejo

Excesos

52 jóvenes normalistas fueron remitidos a penales federales acusados de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de bloquear la autopista siglo XXI el pasado lunes 8 de diciembre. La cuerda se rompió luego de que las advertencias del gobernador Silvano Aureoles no fueran escuchadas; “ni un bloqueo más”, había externado el mandatario junto con la disposición a otorgar plazas siempre y cuando se cumpliera con la normatividad y los estudiantes presentaran el examen correspondiente.

El gobernador se había comprometido públicamente a actuar para contener los excesos, desde su toma de posesión expresó que las marchas y los plantones, las tomas de edificios públicos y los bloqueos eran ya parte del paisaje y que, aunque muchas de estas movilizaciones nacían de justas exigencias, estrangulan la actividad económica. “Soy un firme defensor de la libertad de expresión, pero hemos rebasado lo tolerable, se afecta a los derechos de terceros y a la ciudadanía en su conjunto, por ello es urgente romper este ciclo perverso en el que todos perdemos.”

Los alumnos de las normales rurales durante años usaron “formas de lucha” que les resultaron efectivas, cada vez que buscaban conseguir un objetivo, lo lograban, arrodillaban al gobierno que terminaba cediendo; tanto fue su éxito que sumaron con el tiempo a las demás escuelas normales de la entidad. La idea de que se trata de combatir al gobierno, al que ven como un aparato al servicio de la burguesía, y a las empresas privadas representantes del capital “transnacional” aunque la Bimbo sea mexicana, justificaba los excesos; los daños “al fin que los paga el gobierno”.

Evidentemente se generó el hartazgo de buena parte de la sociedad, es innegable la afectación de intereses de terceros desde el automovilista que sin deberla debería desviar su ruta o se veía impedido de circular porque una salida o un camino estaba bloqueado, hasta el vendedor de productos que veía perdida la mercancía que se le dio a consignación o el pasajero de autobús que no podía continuar con su viaje.

Ciertamente los jóvenes demandaban su derecho al trabajo con la asignación de plazas automáticas que al final, después de una resistencia del gobierno, les eran concedidas; plazas que hay que decirlo representaron durante mucho tiempo la posibilidad de asegurar el futuro de muchachos provenientes de familias pobres asentadas en comunidades marginadas.

A una serie de excesos se respondió también con excesos, a los jóvenes no se les acusó de las evidentes faltas que sí cometieron; quizá porque acusarlos de delitos del fuero común hubiera representado llevarlos a prisiones estatales y tener la presión y la movilización del resto de los normalistas y de sus organizaciones aliadas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicatos y pueblos indígenas, lo que hubiera representado una pronta liberación.

Para poder mandarlos a penales federales, lejanos a Michoacán, los hombres a Sonora, las mujeres a Morelos, se recurrió a acusarlos de violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; para ello fueron mostradas, sin que conste que las portaran 25 “granadas”, a los medios les fueron mostradas 25 latas de aluminio con cinta canela, un cartucho de pólvora, seis cohetones de vara y una bolsa de plástico con clavos. Suponiendo sin conceder que esos artefactos fueran peligrosos no corresponde el número de detenidos, 52, con el número de artefactos, 31.

Los excesos de la parte gubernamental siguieron con las declaraciones del Procurador, José Martín Godoy, quien repentinamente apareció en su calidad de vocero de los padres de familia, expresando en nombre de ellos le exigieron que vaya tras los líderes normalistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación “son quienes los obligan a realizar acciones.“Los propios padres han dicho ya basta, que tenemos que actuar contra los líderes porque son ellos los que están obligando a los jóvenes a realizar este tipo de acciones. No se puede estar actuando en contra de los jóvenes y que los líderes se escondan detrás de estos movimientos, tienen que responder y lo van a hacer, ya lo estamos documentando” declaró el funcionario.

Era innecesario orquestar una campaña de apoyo, eso también fue un exceso. Uno de los instrumentadores reconoció, ante una protesta de una de sus agremiadas por que no se pidió anuencia a los afiliados del organismo que encabezó la firma, que “el gobernador a través de Julieta nos pidió apoyo para aparecer junto con otras cámaras en un desplegado”, evidenciando que el propio gobierno estuvo detrás de la “cargada”.

En el Congreso del Estado tampoco se cuidaron las formas, en los diarios apareció un desplegado sin firmas titulado “Pronunciamiento por Michoacán”, redactado a tono con las declaraciones del Procurador: “Los jóvenes normalistas son engañados y utilizados por la dirigencia de la CNTE en Michoacán, con el fin de generar caos y desestabilización.”  No se consensó el documento entre los diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Pascual Sigala, decidió unilateralmente la publicación olvidando que el Congreso es un órgano colegiado y que el poder legislativo no se deposita en una sola persona según dispone la Constitución del Estado. La reacción de los legisladores del PRI, PAN, PRD, PAN, MORENA y Movimiento Ciudadano fue desmarcarse de la publicación.

Era necesario que el gobierno estatal actuara, pero con estricto apego a la legalidad y al cuidado de las formas.