Ley General de Víctimas es inoperante, advierten senadores
MORELIA, Mich., 9 de diciembre de 2015.- La Ley General de Víctimas es inoperante: por burocracia y ataduras ha destinado sólo tres por ciento del fondo para ayudar a víctimas de delitos como secuestro, trata de personas, desaparición forzada o acoso sexual, por lo que debe ser reformada, señalaron senadores y víctimas de estos ilícitos, durante las audiencias públicas: “Evaluación en la aplicación de la Ley General de Víctimas”.
Según un comunicado de prensa, explicaron que la Ley necesita ser expedita, fácil en su aplicación y vinculante, o sea que los derechos de las víctimas sean preponderantes en los códigos de procedimientos penales estatales; así como crear una cultura sobre los derechos de las víctimas en policías, fiscales, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar, dijo que las víctimas de dichos delitos sufren un viacrucis para obtener una atención de parte de las autoridades estatales. “El sistema de justicia debe fortalecerse, pero no sólo en la parte legal, sino en la capacitación y en la sensibilidad para dar respuesta a las necesidades y demandas”, comentó.
Dijo que actualmente la atención a víctimas deja mucho que desear, y urge establecer adecuaciones a fondo a la Ley General de Víctimas; además, es necesario revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales y las funciones y obligaciones del ministerio público.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, dijo que mientras las víctimas no sean el centro del sistema de la reforma judicial, seguramente fracasará; además de que los procesados y delincuentes se han apoderado de los fondos del Comité de Atención a Víctimas, y de los derechos de la Ley de Víctimas.
Al 31 de octubre, detalló, el Comité Ejecutivo contaba con mil 028 millones de pesos para medidas de ayuda inmediata y reparación de daños, sin embargo, sólo tres por ciento (33 millones de pesos) fueron destinados a víctimas; distribuidos de la siguiente manera: 1.1 millones para pago de honorarios fiduciarios; 600 mil pesos en reembolsos para gastos funerarios y de alimentación a víctimas.
Así como 29.7 millones de pesos en pago de reparación integral de víctimas directas e indirectas; y 1.5 millones de pesos para pago de ayudas en el caso de Ayotzinapa. Con la mayoría de los recursos sin moverse de la cuenta bancaria, el Comité obtuvo 24.7 millones de pesos por intereses, refirió.
Señaló que las víctimas siguen sin obtener respuesta, ayuda, justicia y equilibrio en el proceso; y continúan siendo olvidadas, y así se interpreta en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, donde al rubro de víctimas se le destinó el menor presupuesto, dijo.
Miranda de Wallace entregó a los senadores una carpeta con propuestas para reformar la Ley General de Víctimas, entre las que se encuentran: destrabar los mecanismos para entregar el fondo y crear indicadores para medir la eficacia de la Ley.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña, dijo que diversos senadores han recibido reclamos de las asociaciones civiles por las instancias que quedaron encargadas para atender a las víctimas; y han solicitado replantear la ley y revisar procedimientos para hacerla eficiente.
Abundó en que el Fondo de Atención a Víctimas recibió del Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto mayor al de otras instituciones; “entonces, requerimos que ese fondo funcione, porque, además es el único fondo que está inscrito para atención a víctimas”, dijo.
La senadora Martha Tagle Martínez, integrante de la Comisión de Justicia, se comprometió a apoyar la reforma necesaria para que la Ley funcione; porque actualmente no atiende a las víctimas y, por el contrario, revíctimiza a las personas, comentó.
“Me parece importante que ya estemos trabajando en una propuesta de iniciativa”, que tendrá el apoyo de quienes participaron el foro para analizar la Ley General Víctimas, refirió la senadora Tagle Martínez.
El senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó que es terrible que las víctimas sientan que los legisladores crearon un aparato burocrático para darle atención, en lugar de ser una instancia sensible y capaz de dar respuesta a los ciudadanos.
Subrayó que los senadores buscarán mantener un foro permanente para tratar el tema, y discutir en la Comisión propuestas de modificación a la Ley en enero.
Patricia Olamendi, presidenta del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, dijo que el mecanismo de atención a víctimas es precario y extremadamente agresivo, porque destinar la mayoría de sus gastos a sueldos y gastos de representación, “es casi una bofetada para las víctimas”.
Comentó que los senadores tendrán que reflexionar si se mantendrán dos temas en un ordenamiento: las víctimas del delito y las víctimas de delitos graves a los derechos humanos; “quizás la Ley no es lo suficientemente clara en cuanto a lo que deban contener ambas”, dijo.
Al foro para evaluar la aplicación de la Ley General de Víctimas también asistieron el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth; la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI; y víctimas de secuestro, trata de personas y acoso sexual que expusieron sus experiencias.
