Avanza proceso contra la SEE por plazas duplicadas
MORELIA, Mich., 23 de noviembre de 2015.- Al dar a conocer la problemática de 200 profesores michoacanos, quienes fueron afectados debido a que la SEE desconoció sus derechos y de manera autoritaria dejó de cubrir sus salarios, sin juicio previo, como lo establece la Constitución, el abogado Mario Ordaz, representante de los afectados, indicó que avanza un proceso en contra de la dependencia educativa por violentar los derechos de los docentes.
Esto se dio debido a que desde el pasado 31 de agosto fue la fecha inicial de este problema, pues esta segunda quincena de agosto no se pagó a algunos profesores; el 15 de septiembre fue otra quincena igualmente descontada a docentes, sin justificación ni aviso.
Aseveró que la orden de la autoridad fue que se les paguen los adeudos y se les continúe cubriendo los salarios, ya que los respalda la norma y hasta el momento esto no se ha cumplido, desacatando las órdenes legales.
"Un estado democrático es aquel que respeta los derechos humanos", acusó, al informar que se encuentran en la promoción de un juicio de amparo que beneficiaría a aproximadamente 95 por ciento de los afectados.
Además, pidieron dejar sin efectos los llamados del entonces secretario Armando Sepúlveda López, quien dio fe de la suspensión con el argumento de que las claves de las plazas estaban duplicadas.
El abogado aseveró que ya han buscado encuentros con la actual secretaria de Educación, Silvia Figueroa Zamudio, y el propio sin resultados favorables, de seguir evadiendo la responsabilidad serían acreedores a sanciones que van hasta la inhabilitación.
Confía en que pese más la ley jurídica que la ley política o el poder que pudiera tener la dependencia de gobierno, y que en meses se pueda tener ya un resolutivo 100 por ciento a favor de los 200 docentes afectados.
Merichel Díaz, una de las profesoras denunciantes, aseveró que los afectados son principalmente de nivel Primaria, pero lo hay de todos los demás y en varios municipios.
Aclaró que muchos de los grupos opositores que acusan tener la clave legal, no están trabajando en los planteles, a diferencia de ellos, que están peleando y defendiendo su espacio laboral.
