Infundada postura del PRD sobre juicio político contra Fausto: PRI

MORELIA, Mich., 18 de abril del 2012.- No debe provocar temor la conformación de un Consejo Ciudadano para conocer los detalles de la deuda pública y los pasivos dejados por la pasada administración estatal porque no tiene efectos fiscalizadores, ya que ésta es una atribución que compete exclusivamente al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior de Michoacán. De acuerdo con un comunicado de prensa, el grupo Parlamentario del PRI en el Poder Legislativo michoacano estableció que llama la atención la postura que asumieron tres de los integrantes de la fracción perredista, al anunciar la supuesta petición de “juicio político” en contra del gobernador Constitucional del Estado, Fausto Vallejo, por acciones que no han ocurrido y que además no constituyen violación alguna a las leyes. El grupo priísta dejó establecido que no debe existir nerviosismo por parte de los ex funcionarios de la pasada administración, pues el órgano ciudadano propuesto no emitirá ningún fallo ni fiscalización y menos emitirá sanción alguna. Queda claro, especificó el legislador, que el único órgano en Michoacán con facultades fiscalizadoras es el Congreso del Estado y por lo tanto hay plena conciencia de parte de los quienes integran el Poder Legislativo que es función habrá de ser atendida en tiempo y forma. De manera específica, los diputados del Revolucionario Institucional señalaron que uno de los ofrecimientos del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, desde su misma toma de posesión el 15 de febrero pasado, fue dar transparencia y facilitar el acceso a la información para que los ciudadanos michoacanos conozcan a detalle las condiciones en las que se recibió la administración. Incluso, precisaron, hace unos días el propio mandatario estatal ofreció al PRD la integración de una mesa técnica con el propósito de que se conociera toda la información documentada de que dispone el Ejecutivo en torno al tema de la deuda pública y los pasivos, sin que se haya mostrado inconformidad alguna o se establecieran supuestos de irregularidad. No se sabe por qué, ahora, tres diputados, quienes en su momento formaron parte de la pasada administración, expongan que la integración de un Consejo Ciudadano para conocer sobre detalles de la deuda pública y los pasivos, es motivo de una ilegalidad o sería causal para solicitar un procedimiento de “juicio político”, cuando tiene un fin meramente de transparencia y no fiscalizador ni sancionador. La sociedad exige en los tiempos actuales transparencia e información oportuna y detalla de lo que ocurre en torno al manejo de recursos de los funcionarios en los diferentes niveles de la administración pública estatal, como un elemento básico de la auténtica democracia y no hay por qué negarle al gobierno su obligación de informar y el derecho a la ciudadanía a ser informada, advirtieron los diputados del PRI.