Reconoce Federación que deuda de Michoacán es manejable, resalta Fidel
MORELIA, Mich. 21 de marzo de 2012. Las declaraciones, suposiciones y especulaciones sobre el monto de la deuda pública estatal, son totalmente irresponsables por parte del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien ha señalado que las finanzas públicas de la entidad están en quiebra, no obstante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recientemente aseguró que el monto de las deudas públicas de los estados son totalmente manejables, manifestó Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.Recordó que el titular de la Coordinación con las Entidades Federativas de la SCHP, Carlos Alberto Garza, descartó, que exista la necesidad de rescatar a los estados, en el saldo de su deuda porque es totalmente manejable.El funcionario fiscal agregó que la deuda de las entidades federativas no representa riesgo para la economía ni para el sistema financiero mexicano.Por lo tanto las declaraciones del mandatario estatal y de algunos diputados locales del PRI carecen de sustento, ya que la autoridad federal, responsable de las finanzas públicas del país y del registro de la deuda pública de las entidades federativas, aseguró que no es necesario ningún rescate a los estados en materia financiera.El coordinador parlamentario del PRD, precisó que el monto de la deuda pública de las últimas tres administraciones estatales, de acuerdo con la pagina oficial de la SCHP, es de 15 mil 140.6 millones pesos al corte de diciembre de 2011 y no de 30, 35 o 40 mil millones como especulan algunos servidores públicos.Hablan de quebranto a las finanzas, de shock social, de quiebra financiera, mezclan en forma dolosa los conceptos de deuda pública con el de pasivos, con lo que buscan confundir y engañar a los michoacanos.En ese contexto le exigió al mandatario estatal que se conduzca con apego al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, que dice “ la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad , eficiencia y profesionalismo, serán principios rectores en el ejercicio de la Administración Pública Estatal” y por lo tanto no deben desinformar a la ciudadanía.