Proponen eliminar libertad condicional a agresores de mujeres
MORELIA, Mich., 15 de marzo de 2012.- Ante la creciente cantidad de casos de homicidios dolosos contra las mujeres que se registran diariamente en el país, la comisión de equidad y género presentó este jueves ante el pleno legislativo la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 76bis y 268 del Código Penal de Michoacán para tipificar el feminicidio y eliminar la libertad condicional a los agresores. En rueda de prensa previa que ofrecieron las integrantes de la comisión, Cristina Portillo, Daniela de los Santos y Ligia López del PRD, PAN y PRI, respectivamente, aseguraron que esta iniciativa es un primer intento de la legislatura para garantizar la protección a la integridad y respeto a los derechos humanos de las mujeres. Las legisladoras aseguraron que no habrá problemas al interior del Congreso para lograr la aprobación de la Iniciativa, por lo que una vez que sea votada a favor, el estado de Michoacán se convertirá en el estado número 12 a nivel nacional en reformar su Código Penal a favor de las féminas. En Michoacán en el 2004 la tasa de defunciones femeninas por homicidios dolosos era de 2.5 por cada 100 habitantes, mientras que un estudio de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado señala que de 1999 a 2009 se presentaron 593 casos de este tipo de homicidios; asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, señala que el 63 por ciento de las mujeres michoacanas ha sufrido algún tipo de violencia. Por tal motivo, la diputada Daniela de los Santos señaló que “en la Comisión de Equidad de Género, creemos que la necesaria incorporación del delito de feminicidio es el primer esfuerzo legislativo dirigido específicamente a sancionar penalmente la violencia contra las mujeres, el registro formal y confiable de casos contribuirá al impacto en la impunidad de casos y crear políticas públicas para su prevención y posibilidades de control”. Cabe señalar que la modificación al Código Penal contempla una sanción de 25 a 40 años de prisión para el agresor sin derecho a libertad condicional.
