Buscarán diputados de la 73 Legislatura recursos para gestoría
MORELIA, Mich., 14 de septiembre de 2015.- Líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD no descartaron solicitar recursos ante el Poder Ejecutivo para llevar a cabo acciones de gestoría con la ciudadanía; los diputados salientes ejercieron cada uno, alrededor de 5 millones de pesos durante los tres años y 7 meses que duró el periodo de la 72 Legislatura.
A unas horas de que rindieron protesta como legisladores del Congreso de Michoacán, Pascual Sigala Páez del PRD, Adriana Hernández Íñiguez del PRI y Carlos Quintana Martínez del PAN, coordinadores de los grupos parlamentarios del Poder Legislativo no descartaron el uso de recursos públicos a través del gobierno del estado para ejecutar obras y acciones solicitadas por sus representados.
El perredista, explicó que la legislación y la gestoría son responsabilidades intrínsecas de los diputados, por lo que no descartó la coordinación con el gobierno del estado para acceder a los recursos públicos.
Por su parte, la coordinadora priísta señaló que hasta el momento desconoce si hay recursos para la gestión de los diputados, ya que será hasta este martes cuando se oficialice la entrega recepción de la información; no obstante, se comprometió a anteponer la transparencia ante los ciudadanos en el caso de tener la oportunidad de obtener recursos para las acciones de atención a la población.
Mientras tanto, el líder panista, Carlos Quintana, precisó que sólo que las acciones se lleven a cabo mediante la ejecución de las dependencias del gobierno del estado y no asignaciones de recursos directas a los diputados, será el mecanismo para aceptar la posibilidad de llevar a cabo un programa de gestoría.
Cabe señalar que los programas de gestoría aplicados por los diputados, en los diferentes periodos legislativos, han sido muy criticados debido a la falta de claridad en el destino y comprobación de los recursos públicos autorizados por el Poder Ejecutivo; durante la 72 Legislatura fueron alrededor de cinco millones de pesos los que fueron aprobados por el gobierno estatal para su uso a través de las dependencias encargadas de obras públicas y política social, principalmente.
