Panóptico/Arturo Hernández Gutiérrez
La difícil coyuntura que se afronta internacional, nacional, estatal y municipalmente en materia económica y financiera tendrá amplias repercusiones y se extenderá más allá de 2016.
Ninguno de los tres ámbitos de gobierno quedará al margen de los efectos negativos que ocasionará esa crisis-
La gobernabilidad, ya de por sí complicada por la falta de legitimidad y credibilidad de una clase política corrupta e ineficiente, entrará en una nueva fase de conflicto.
Para encarar ese desafío, se necesitarán nuevas herramientas para ejercer la función pública y éstas deberán ajustarse plena y totalmente a los mecanismos de las democracias participativas y competitivas.
Ahora que en Michoacán se han renovado los poderes públicos, la premisa anterior no puede soslayarse, sobre todo por la compleja y difícil situación que se vive en prácticamente todos los ámbitos.
Los problemas de seguridad pública, financieros, educativos y desarrollo social no son insuperables, pero su solución cruza necesariamente por el diseño y ejecución de políticas públicas horizontales, incluyentes y, sobre todo, de resultados palpables y colectivos.
El reto parece titánico, pero ya no puede postergarse su asunción. Desde ya se ocupa que los tres niveles de gobierno sean sacudidos por una fuerte ola de modernización que abra espacio a la eficacia y la eficiencia para el beneficio social.
En varios puntos de la geografía michoacana, los resultados de la jornada comicial del pasado 7 de junio abrieron espacios y ventanas a actores y candidatos cuyas campañas desencadenaron importantes niveles de expectativas sociales.
En esa línea están el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo y varios alcaldes entrantes, como Elías Ibarra (Huetamo) y Carlos Herrera Tello (Zitácuaro).
La oferta proselitista que hicieron fue ambiciosa, sobre todo en lo referente a desarrollo social, seguridad pública y educación.
Heredaron muchos pasivos económicos, financieros y sociales que a los escépticos y críticos de sus triunfos en las urnas les parecen insuperables.
Hay parte de razón en dichos señalamientos, pero también no debe descartarse que la crisis casi general que afronta el estado sea la oportunidad para implementar nuevos mecanismos de gobernabilidad, más allá de la tradicional relación clientelar entre actores políticos y algunos grupos sociales.
No será cuestión de voluntad, más bien de la integración de equipos con los perfiles adecuados para cada posición estratégica y, en particular, compenetrados con el proyecto de gobierno correspondiente.
Ante la limitante de recursos financieros, por la difícil situación que afronta el país, producto de la crisis en el mercado internacional de energéticos, una de las medidas de inmediata aplicación debe ser la racionalidad administrativa.
A la reingeniería de la administración pública debe seguirle más gasto público que gasto corriente y, en consecuencia, prioridad al desarrollo social.
En Zitácuaro ya inició un movimiento en dicho sentido. El Cabildo local aprobó hace unos días la reducción del 50 por ciento en las percepciones de Herrera Tello y demás integrantes del cuerpo edilicio.
Están en estudio otras acciones de esa naturaleza para atender las necesidades sociales y los onerosos compromisos financieros (deuda) que dejó la anterior administración.
CIFRAS DE IMPACTO SOCIAL
*El Proyecto de Egresos enviado al Congreso de la Unión para el 2016, plantea una disminución de casi 2 mil 900 millones de pesos en fondos y subsidios para la seguridad pública en las entidades, como resultado de la fusión de dos subsidios -SUBSEMUN y el SPA- que hasta este 2015 contaban con montos específicos aunque su finalidad era parecida: fortalecer las policías locales y la política del Mando Único
*Las actividades humanas acaban con 15.000 millones de árboles al año. La pérdida neta, compensando con la aparición de nuevos árboles y la reforestación, es de 10.000 millones de ejemplares. Desde el comienzo de la civilización, el número de árboles del planeta se ha reducido en un 46%, casi la mitad de lo que hubo, indica el estudio, publicado en la revista Nature.
*El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que la tasa de suicidios en México ha venido en aumento. Mientras que en el 2000 fue de 3.5 por cada cien mil habitantes, en 2013 llegó a 4.9. El 40 por ciento tenían entre 15 y 29 años."Eso tiene que ver con la falta de oportunidades que está pasando nuestra población juvenil, tanto en las zonas rurales como urbanas. No hay alternativas de empleo, de participación política, recreación y esparcimiento cultural", explicó el Roberto Salazar Guerrero, coordinador de la línea de apoyo psicológico por teléfono de la UAM.
