Segmento de prepago supera 80% de líneas habilitadas de telefonía
MORELIA, Mich., 3 de septiembre de 2015.-La Cámara de Senadores llamó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a revisar las prácticas de comercialización de servicios adicionales y de valor agregado, a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil, a fin de verificar si los procedimientos de aceptación por parte de los usuarios, cobro y procedimiento de baja, cumplen con las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Además, solicitó un informe de las verificaciones relativas a los índices de calidad por servicio a que deberán sujetarse los prestadores de servicios de telecomunicaciones en el país, en el que se especifique si los regulados cumplen con los estándares señalados.
El Senado también pidió a ambas dependencias un informe de la calidad del servicio en la prestación del servicio de telefonía celular, así como de las medidas y acciones que están tomando para mejorar la calidad del servicio.
En el dictamen, avalado por los legisladores, se consigna que la ley no es específica sobre los servicios de valor agregado y sólo se refiere a los servicios de telecomunicaciones en general, a pesar de que la legislación faculta a las autoridades a avalar contratos y a supervisar y verificar, con el objetivo de garantizar que la prestación de servicios se realice con apego a la ley y disposiciones del IFT.
A favor del dictamen, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Graciela Ortiz González, advirtió que el mercado nacional de telefonía móvil se compone por 15.9 por ciento de suscriptores con plan de renta mensual, mientras que el segmento de prepago supera el 80 por ciento de líneas habilitadas.
Al respecto, explicó que quienes cuentan con un plan de renta reciben un estado de cuenta con detalle de consumo, en tanto que a los usuarios de prepago únicamente se les proporciona información en ventanilla, situación que da lugar a abusos y excesos por parte de los prestadores de telefonía.
El usuario de servicios, dijo, se encuentra en una asimetría entre el proveedor y su capacidad de reclamación, lo que deriva en pérdida de bienestar generalizado a favor de los prestadores de servicios, que se traduce en una injusticia que puede ser lesiva para la economía del usuario.