Teléfono Rojo/José Ureña
A la crisis desatada por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán seguirán otras.
Tristemente para el presidente Enrique Peña Nieto.
Previsiblemente darán en la línea de flotación del gobierno mexicano y afectarán tanto su prestigio, nacional e internacional, como la credibilidad en la honorabilidad de altos funcionarios de la administración pública.
Hay tres elementos a la vista.
El primer asunto a la vista es la conclusión de la investigación de Tlatlaya, estado de México, donde presumiblemente hubo masacre de presuntos criminales por parte de elementos del Ejército Mexicano.
Nadie ha visto con tanta claridad la tormenta en puerta como el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien reclama acelerar esas averiguaciones a fin de evitar más linchamientos a las Fuerzas Armadas.
Papel fundamental desarrolla la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo presidente Luis Raúl González Pérez ha pedido clarificar la expresión abatir a las tropas inmersas en el combate a la delincuencia organizada.
Hay un problema: en la literatura mediática las fuerzas de seguridad utilizan el término fueron abatidos cuando se mata a pistoleros o delincuentes comunes por atacar o resistirse al arresto.
DESENLACE DE IGUALA Y LA CASA BLANCA
Todavía no hay escenarios prefigurados sobre Tlatlaya, pero sí otros importantes.
El primero es el del municipio perredista de Iguala, donde presumiblemente por órdenes del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda fueron ejecutados tres normalistas de Ayotzinapa y luego detenidos 43 más para ser entregados al cártel Guerreros Unidos.
Eje fundamental de la investigación es la policía municipal y su ex titular, Felipe Flores Velázquez, quien se encuentra prófugo desde la mañana del 27 de septiembre de 1014, cuando se comunicó con el gobierno de Angel Aguirre para dar un reporte preliminar.
De aquellos crímenes habrá observaciones de la CNDH.
La primera pegará a la frente de la Procuraduría General de la República (PGR), entonces a cargo de Jesús Murillo Karam y hoy en manos de Arely Gómez: no hubo reconstrucción de hechos.
A partir de esa omisión podrían derivarse responsabilidades adicionales, más allá de si fue verdad la ejecución de estudiantes e incineración de sus cadáveres, como afirma la PGR y objetan los padres de los secuestrados.
Además, éstos incurren en aberraciones, la principal de los cuales es la aceptación de las pruebas de ADN de Alexander Mora Venancio, único normalista plenamente identificado y pese a lo cual exigen su aparición con vida junto con sus 42 compañeros.
Otro resultado altamente polémico será la investigación de la casa blanca de Las Lomas, comprada por Angélica Rivera de Peña.
La conclusión puede ser incuestionables desde el punto de vista jurídico pero sospechosa políticamente: la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Virgilio Andrade Martínez es incompetente para investigar a particulares y en ese sentido la señora Rivera de Peña lo es aun como esposa del presidente de la república.
En tal sentido, éste nada tuvo qué ver y no hubo tráfico de influencia ni contravención de alguna norma penal, de la administración pública o de otro tipo.
Por ahí vienen los resultados, pero no adelantemos vísperas.
COAHUILA RENEGOCIA SU ENORME DEUDA
1.- El gobierno de Coahuila dio ayer una noticia –el refinanciamiento de su deuda de 36 mil 767 millones de pesos- mientras negocia arrancar a Altos Hornos de México el compromiso de no despedir a más de tres mil 500 trabajadores.
Las negociaciones las encabeza el gobernador Rubén Moreira.
Según sus datos, en las primeras negociaciones participaron siete instituciones bancarias y convinieron en ahorrar tres mil 100 millones de pesos en el servicio de la deuda y refinanciar seis mil millones más.
2.- El ajuste al gabinete del Distrito Federal fue el primer paso de Miguel Mancera para hacer del control del gobierno de la ciudad, quitarse presiones de tribus perredistas y establecer alianzas con otros grupos y partidos.
Lo sobresaliente de su entorno es la incorporación de un hombre de todas sus confianzas, Manuel Granados, mientras conserva a su brazo derecho en la particular, Luis Serna.
Y 3.- el director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió la instrucción presidencial de dar seguimiento personal a los tres acuerdos firmados con las empresas francesas Total y Engie.
Con la segunda se impulsarán proyectos de licuefacción y comercialización de gas natural con plantas en la costa del Pacífico.
