Liberan bajo reservas a los 3 presuntos implicados en caso Ucareo
MORELIA, Mich., 10 de julio de 2015.- Tras casi ocho horas de audiencia y a unas horas de que venciera la duplicidad de término que solicitó la defensa, este jueves el juez de control de garantías, Ariel Montoy Romero declaró la libertad bajo reservas, a los tres imputados que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el homicidio de dos personas que aparecieron colgadas en un puente de la Autopista de Occidente.
En el resolutivo, el juez señaló que no existen los datos de prueba que exige la ley para determinar una probable responsabilidad a las tres personas presentadas y que fueron acusadas por el ministerio público de homicidio calificado en contra de las dos personas sin vida halladas en el tramo Morelia-Maravatío de dicha carretera el pasado 3 de julio.
Explicó que después de haber valorado las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa, entre ellas dos testimoniales, se establece la existencia de dos hechos que no están vinculados entre sí y tampoco refieren la probable responsabilidad de los detenidos en el delito imputado.
De acuerdo a la exposición de la representación social, un secuestro, en contra de dos de los implicados fue el origen de que los habitantes de Ucareo decidieran castigar a quienes consideraron los responsables, cuyos cuerpos fueron colgados de dicha autopista, mientras que las primeras declaraciones de dos testigos, fueron la prueba para determinar que los tres detenidos habían sido los autores materiales del asesinato de los presuntos secuestradores.
Sin embargo, debido a que la defensa pidió interrogar a los dos testigos, por contradicciones en sus declaraciones, se evidenció la coacción, mediante presión psicológica a uno de ellos, por parte de un ministerio público en un lugar que ubicó como instalaciones de la Procuraduría, al que fue llevado en calidad de detenido y con engaños y donde el testigo aseguró que fue amenazado de muerte para firmar una declaración que no tuvo oportunidad de leer.
Con tal situación, el juez dudó de la veracidad de las pruebas presentadas por el fiscal, quienes tampoco debatieron la coacción que manifestó el testigo, quien en repetidas ocasiones señaló que al temer por su vida y la de sus familiares firmó un documento que contenía la declaración.
“Me dijeron que firmara y me amenazaron de muerte, me dijeron que ellos tenían que entregar cabezas a como diera lugar y que les dijera nombres, pero yo no les dije nombres”, respondió el testigo, quien pidió ante el juez la reserva de sus datos personales, al ser cuestionado por los abogados defensores.
No obstante, después de que el juez Ariel Montoya señaló que sólo se cumplen de manera parcial los requisitos que exige la ley para determinar la vinculación a proceso de un imputado, determinó otorgar la libertad bajo reservas a los tres detenidos, originarios de Ucareo, con la aclaración de que aún no han sido declarados como inocentes, por lo que la PGJE puede continuar con las investigaciones y en determinado momento, imputar otro delito contra los presentados.
Así, los tres habitantes de Ucareo, recuperaron su libertad de inmediato y se encontraron con vecinos y familiares de la comunidad, quienes en todo momento permanecieron en las instalaciones de la Sala de Juicios Orales en espera de la decisión del juez.
Cabe señalar que durante la audiencia, el juez de control de garantías tuvo que ordenar la restitución de los abogados de la defensa, ante el desconocimiento de las técnicas de litigación que establece el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que finalmente, los tres inculpados fueron defendidos por dos abogados de la Defensoría de Oficio.
Además ante el presunto riesgo a la seguridad pública y protección de los intervinientes en la audiencia, el ministerio público solicitó al principio de la misma, desahogar la reunión de manera privada, después de que en días pasados se habían registrado diversas manifestaciones y protestas por los habitantes de Ucareo en relación al caso relacionado con dicha audiencia, petición que finalmente fue desechada por el juez quien hizo hincapié en el principio de máxima publicidad que exige el marco jurídico del nuevo sistema penal.