Deben hacerse efectivas sanciones de la ASM: Gonzalo Elvira
MORELIA, Mich., 27 de septiembre de 2011.- Es necesario que en la entidad se resuelva una serie de inconsistencias legales que derivan en que la falta de un procedimiento reglamentario suficiente y adecuado impida muchas veces a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) la ejecución de sus propias resoluciones, lo que genera que el órgano fiscalizador deba sortear un sinnúmero de tropiezos, señaló el Vicepresidente del Congreso del Estado, Gonzalo Elvira Cabrera. El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión Inspectora de la ASM recordó que desde el pasado 6 de julio presentó ante el Pleno de la LXXI Legislatura presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán y a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado para garantizar el respaldo del Poder Legislativo a las resoluciones del órgano técnico fiscalizador. Gonzalo Elvira aseguró que la ASM cuenta con personal calificado que en muchas ocasiones determina inconsistencias que ameritan la imposición de sanciones que nunca son del agrado de los servidores públicos que han abusado del poder que los ciudadanos les han otorgado y han traicionado la confianza del pueblo al hacer mal uso de los recursos públicos que están a su cargo. Sin embargo, aunque las sanciones se encuentran dispuestas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, y son desde el apercibimiento hasta la amonestación, suspensión, sanciones económicas, destitución del empleo e inhabilitación del cargo, y pueden ser determinadas por la ASM de acuerdo con la ley, éstas no son ejecutadas porque se carece de los mecanismos para ello. Por ello, y partiendo del hecho de que el órgano técnico no es autoridad ejecutora, Elvira Cabrera propuso establecer un procedimiento sencillo, pronto y eficaz que, garantizando los derechos debidos a todo proceso, permitan la imposición de las sanciones a que está facultada la Auditoría Superior. De esta forma, añadió el diputado del PAN, se dispondría que la Comisión Inspectora tendría la obligación dictaminar y hacer del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado las resoluciones que tengan como finalidad suspender, destituir o inhabilitar a servidores públicos. Posteriormente, a convocatoria del Presidente del Congreso del Estado, el propio Pleno se constituiría como Jurado de Sentencia para, en Sesión Privada, votar por mayoría la propuesta de sanción en el caso de cualquier funcionario público, salvo el gobernador, caso en el cual la aprobación del dictamen tendría que ser por las dos terceras partes de los diputados.
