Protección de migrantes debe ser prioridad de los gobiernos: diputado
MORELIA, Mich., 11 de septiembre de 2011.- El factor de migración sigue siendo un tema de relevancia, ya que un grupo de indocumentados pasa por los albergues y casas de migrantes, pero hay que son víctimas de secuestros o extorsiones, pero “ninguno de los flujos está exento de sufrir agresiones”, por lo que es necesario mayor protección a este sector, en el caso de Michoacán es un gran avance el que se aprobará la Ley de Atención para los Migrantes y sus Familias, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXXI Legislatura, Antonio García Conejo.Al respecto, destacó que este grupo social padece de distintos tipos de agresión, abuso y exceso por quienes les contratan, les prestan algún servicio o les conducen a costos ilegales.Es decir, que los migrantes indocumentados reciben al menos alguna o varias de las agresiones o violencia: asalto y robo, violencia física y violencia sexual; secuestro, torturas y amputaciones; chantajes, explotación laboral (trata de personas), explotación sexual (trata de personas), reclusión y muerte.En ese sentido, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática, García Conejo, mencionó que los montos que los migrantes pagan para llegar a Estados Unidos varían según su nacionalidad o si cuentan con sus documentos en regla.Por ejemplo, los cubanos en 2009 pagaban 6,5 mil dólares y en 2010, 12 mil dólares; los hindús, 7 mil en 2009 y 13 mil en 2010; chinos, 45 mil en 2009 y 60 mil en 2010; mientras que los centroamericanos pagaban 4,5 mil y para 2010, de 6 mil a 7 mil.No obstante, “han aparecido nuevas formas delictivas, algunas ya asociadas con el crimen organizado y con la trata de personas, así como la práctica inédita, eslabonada a esos cobros indebidos del derecho de paso: los secuestros en masa de migrantes, y luego, al asesinato masivo de los mismos”, expresó García Conejo.Dichos efectos, aseguró el legislador Antonio García, ponen en entredicho la política migratoria mexicana y la operación de la dependencia federal responsable del tema migratorio, “pues el marco legal ha sido contradictorio con algunas disposiciones de la ley, en parte por su inviabilidad en el régimen de sanciones a migrantes indocumentados, y por la búsqueda de simplificación administrativa y reconsideración del papel coadyuvante de otras dependencias federales para el otorgamiento de visas, que significó la pérdida de contrapesos en la gestión, e inhibía o reducía el margen de error, o bien la pérdida de control relativo hacia instancias subordinadas”.Por tal razón, consideró de vital importancia la ley aprobada en el pleno de la LXXI Legislatura, ya que en ella se contempla una conceptualización de los migrantes y sus familias como sujetos de derechos y obligaciones; en lo que respecta a derechos y obligaciones de los migrantes, el estado los reconocerá, promoverá y garantizará.En la administración pública estatal, se amplían las facultades tanto del Gobernador como de la propia Secretaría de los Migrantes; se eleva a rango de ley al actual Consejo Consultivo de la Secretaría de los Migrantes; respecto a los rubros de la administración pública estatal en materia de cultura, desarrollo económico, desarrollo rural, educación, salud y política social , entre otras, se incluye la participación de los migrantes michoacanos, a fin de que particularmente en cada rubro gubernamental se incida en la generación de políticas públicas.En la administración pública municipal se crea la Comisión de Asuntos Migratorios; se elevan a rango de ley los centros municipales de los migrantes y sus familias con sus respectivas facultades; se crean los consejos consultivos municipales, a fin de que los migrantes y sus familias incidan en la generación de políticas públicas en la materia en sus municipios de origen; y se faculta a los municipios para la elaboración de sus respectivos reglamentos en la materia.