Quieren autonomía financiera tribunales locales
MORELIA, Mich., 17 de junio de 2015.- La creación de la Conferencia Nacional de la Judicatura Local implica la autonomía financiera de los poderes judiciales locales para garantizar la independencia de las resoluciones de todos los juzgadores del país, advierte la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).
En una carta dirigida al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa Patrón, fechada el 10 de junio, la Conatrib señala que lucha por la autonomía financiera de los poderes judiciales locales no tiene por finalidad obtener un monto específico, ni más o menos dinero del que se recibe actualmente.
“El fondo de la autonomía financiera es garantizar la independencia de las resoluciones de todos los juzgadores del país. Es un principio de derecho administrativo el de que el poder de mando también puede ejercerse indirectamente, a través de tener la capacidad fáctica de nombrar, remover libremente o retirar los fondos necesarios para que un funcionario pueda cumplir con sus responsabilidades, en cualquier momento”.
La Conatrib señala que la autonomía presupuestal, independientemente del monto que alcance el presupuesto de un año determinado para un tribunal, es una condición para evitar presiones externas de quien tiene la capacidad de colapsar a un poder judicial a través de sumirlo en la pobreza burocrática.
La autonomía judicial es el complemento natural de la inamovilidad judicial, entendida como el impedimento de remover a un juzgador por razones de mera oportunidad política o de interés privado, ya sea que este interés provenga de un particular o de otra autoridad, explica en la misiva.
Y advierte: la una sin la otra es una pinza que no se cierra, puesto que la seguridad en el cargo sin el mínimo de recursos para cumplir con las responsabilidades más elementales, obliga a los tribunales a entrar en una negociación permanente con quien, por su propia naturaleza, tiene una agenda política y partidista específica.
Los poderes judiciales deben ser un reflejo de la realidad económica que vive un país. No deben ser sujetos de privilegios económicos que el resto de los poderes no tienen; no deben tener más, pero tampoco menos de lo que garantice un desarrollo equitativo al de otras instituciones clave para la calidad democrática de un país, se indica.