Analizan proyecto de Ley del Instituto de Investigación Forense
MORELIA, Mich., 26 de julio del 2011.- Los diputados Eduardo Sánchez Martínez y Claudio Méndez Fernández, integrantes de las Comisiones de Seguridad y Gobernación, respectivamente, se reunieron para analizar los avances en lo que respecta al proyecto de Ley del Instituto Michoacano de Investigación Forense.Esto luego de que actualmente los servicios periciales son exclusivos de la Procuraduría del Estado de Michoacán e impartidos por una Dirección de Servicios Periciales. Sin embargo, los servicios sólo se encuentran disponibles para el Ministerio Público, que es la parte que acusa, dejando a la defensoría sin acceso a esta asistencia, dado que en Michoacán no existen laboratorios ajenos a la Procuraduría que presten servicios forenses.Por lo anterior, dicho proyecto tiene por objeto establecer, organizar y dotar de facultades al Instituto, para que propicie la práctica y dictamen periciales mediante los avances de la ciencia y la técnica con carácter imparcial.Además, la iniciativa prevé que este sea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, en beneficio de los habitantes del estado; y para el cumplimiento de sus atribuciones, este podrá coordinarse con otras dependencias federales, estatales y municipales, así como son los sectores privado y social.Es de mencionar que el Instituto tendrá la facultad de acreditar y evaluar a los peritos forenses del estado que presten servicios de manera oficial o particular, por lo que se propondrán las normas técnicas aplicables, además de establecer y operar un sistema de ciencias forenses.En este tenor, se deberán validar y certificar los dictámenes periciales realizados por sus unidades administrativas y a petición de parte, auxiliar al Ministerio Público y a la Defensoría Pública en la elaboración o en su caso, la validación de los dictámenes periciales.Cabe destacar que el patrimonio del Instituto se formará con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcionan los gobiernos estatal y federal; las aportaciones que perciban conforme a los convenios o contratos que celebre, además los ingresos que se obtengan por la prestación de servicios.
