Avanza 90% integración de marco jurídico para la Isla de La Palma
MORELIA, Mich., 11 de mayo de 2015.- Un llamado a hacer un frente común para avanzar en la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Michoacán, hizo este lunes el diputado local Antonio Sosa López.
Según un comunicado, en el marco de la reunión de trabajo de la Comisión Especial para el Desarrollo del Parque Industrial de la Isla de la Palma, el legislador informó que el Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán (FIPAIM) lleva un avance del 90 por ciento en la elaboración del marco jurídico y las reglas de operación del referido complejo industrial.
Debido a lo anterior, dijo, es apremiante contar con el marco que regula las asociaciones público privadas en la entidad, que de acuerdo a la iniciativa que fue presentada al Pleno del Congreso del Estado, se presenta como un esquema de participación pública, con intervención de capitales privados en la construcción, operación y mantenimiento de obras para el bienestar social.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRI explicó que al contar ya con ambos marcos legales, estará todo listo para que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas pueda iniciar con la inversión relativa al Recinto Fiscalizado Estratégico, punto central del proyecto del Parque Industrial de la Isla de La Palma.
En la reunión de trabajo, a la que se dieron cita también los legisladores Sarbelio Molina Vélez, Edith Quintana Ceballos, José Jesús Ramírez Zavala, José Sebastián Naranjo Blanco y María Araceli Gómez Sahagún, integrantes de la comisión especial, se informó que el próximo viernes 22 de mayo se llevará a cabo la tercera reunión de la Mesa Ejecutiva, que es el órgano deliberativo y consultivo relacionado al desarrollo industrial del puerto de Lázaro Cárdenas.
Cabe señalar que la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Michoacán plantea la relación jurídico-contractual en la cual intervienen el Estado y el sector privado; tiene por objeto una meta de beneficio social amplio, bajo un financiamiento preponderantemente privado de largo plazo para la construcción de obra pública, mantenimiento de obra existente o prestación de servicios, o combinadas.
Lo anterior, sin la erogación de grandes cantidades de financiamiento público, siempre limitado y siempre sujeto a las políticas públicas prioritarias de acuerdo a tal o cual administración.
