Café para Todos/Alberto Carbot
Con 34 votos a favor y 7 en contra, el Congreso de Guerrero ratificó al ex secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino de Guerrero, al cumplirse 6 meses del permiso de Ángel Aguirre Rivero, quien los últimos días hizo una suerte de finta de que se disponía a recuperar su silla abandonada, quizá con el objeto de distraer la atención o demostrar que sigue como el máximo capo en el estado.
Sólo votaron en su contra los cuatro legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y tres de los cuatro que conforman la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Antes de ser ratificado, Ortega echó mano del viejo dicho según el cual no se puede cambiar de caballo a mitad del río y señaló que ha logrado “encauzar los conflictos por la vía institucional y desactivado la violencia. No quiero tirar el arpa, quiero terminar mi gestión”, dijo, aunque admitió que se sujetará a lo que diga el Congreso y dijo no tener ningún apasionamiento personal.
Con cierto retraso -que evidencia que Ortega tampoco las trae todas consigo pero era la opción menos mala de las existentes-, los diputados aprobaron la ratificación del académico y ex activista, pero no faltaron las críticas contra su gestión.
En particular, el diputado priista Héctor Apreza Patrón rechazó la idea de Ortega de que Guerrero ha regresado a la normalidad. Y como para mostrar que bajo su gestión las cosas no han cambiado, apenas ayer estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) realizaron destrozos a las instalaciones del Poder Legislativo, donde incendiaron vehículos repartidores y vandalizaron sedes partidistas.
Sin embargo, Apreza dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le otorga a Ortega su voto de confianza, porque su organización “es institucional y quiere que haya gobernabilidad en el Estado”.
El perredista Bernardo Ortega Martínez hizo un llamado al gobernador a que no meta las manos en el proceso electoral y se mantenga al margen, como una manera elíptica de decirle que si está ahí es porque el PRD le da su bendición, pero puede quitarlo cuando quiera.
El Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa para no ratificarlo pero al final no progresó, aunque hubo muchos amagues.
Ortega, aunque es miembro del Partido de la Revolución Democrática, ha sabido o al menos aparentado mantener alguna distancia con este partido y también con los grupos extremistas que simpatizan con el movimiento vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sin embargo, existen grupos radicales que de plano tampoco comulgan con él, y quieren una opción todavía más sumisa con ellos.
Ortega ha sido acusado de blandengue y ser un exponente del “aguirrismo sin Aguirre”, a quien elogió en una entrevista a la W Radio apenas asumió el cargo en octubre pasado.
Pero también ha sido cuestionado por apoyar a los grupos que buscan el boicot a las elecciones y han realizado diversos desórdenes violentos en las sedes de los partidos, en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado y en los edificios gubernamentales, incluyendo el propio Palacio de gobierno o la zona militar de Iguala.
Para nadie es un secreto que Ortega Martínez también simpatiza con grupos que lanzan sus apuestas en Guerrero para desestabilizar el “status quo” y se aprovechan de la actual temporada de río revuelto.
EL CURRÍCULUM DE UN GOBERNADOR APASIONADO POR LA INSURGENCIA Y LA NARCOGUERRILL
Para conocer sus antecedentes, basta con echar un vistazo a su perfil. Nacido en Taxco y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, a inicios de los años ochenta formó parte de la dirigencia nacional de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fundada por Genaro Vázquez Rojas, muerto en 1972. También fue un activo dirigente de la Federación Estudiantil de Guerrero.
En 1989 fue de los fundadores del PRD en Guerrero, partido al cual se unió la ACNR, que se mantuvo como una de las facciones perredistas. En 2002, cuando Ortega Martínez contendió por la rectoría de la UAG, contó con el apoyo de esta organización.
En 2003 Ortega Martínez se alejó del PRD y fue el presidente estatal del Partido México Posible, que participó en las elecciones federales de ese año y no pudo obtener el registro. A partir de 2004 regresó al PRD y en 2005 fue activo participante en la campaña del actual gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca.
En 2006 volvió a presentarse como candidato a la rectoría de la UAG (de nuevo con apoyo de la ACNR), pero declinó en favor del candidato Germán Cerón Silverio. Para 2010 volvió a ser mencionado como posible aspirante pero tampoco pudo conquistar el puesto.
Ortega Martínez ha sido acusado de vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de hecho el ex presidente colombiano Álvaro Uribe se atrevió a afirmar que esta organización era “corresponsable” de la matanza de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado.
Apenas el 20 de noviembre último, en declaraciones al programa La Hora de la Verdad, transmitido por la cadena colombiana Radio Red, el ahora senador colombiano dijo que “está comprobado que las FARC ha sido el proveedor de coca” de Guerreros Unidos, responsable de la desaparición y posterior asesinato de los normalistas.
En febrero del 2014, en la revista Semana, el jefe de la Armada de Colombia, almirante Humberto Wills Vélez, aseguró que sus efectivos han realizado incautaciones “muy importantes” que vinculan a las FARC y a grupos criminales mexicanos.
“La droga hace una escala frente a las costas de Costa Rica y sigue hacia México para llegar a manos de los cárteles del Pacífico y Los Zetas”, indicó el militar.
Pero hay otro vínculo más directo que involucra al actual gobernador interino de Guerrero.
Según documentos descubiertos en computadoras capturadas al grupo guerrillero colombiano, Ortega Martínez fungió como enlace de las FARC en México desde 2002.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal asegura que de acuerdo con datos obtenidos de una computadora portátil del jefe guerrillero Raúl Reyes en 2008 -durante un ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano-, el ahora gobernador de Guerrero pidió un préstamo al grupo guerrillero para financiar un secuestro, algo que el funcionario guerrerense ha negado reiteradamente.
Habrá que recordar que en ese mismo episodio de Ecuador, murieron cuatro presuntos estudiantes de la UNAM, a los cuales se les vinculó con las actividades de las FARC en México.
Otra estudiante mexicana, Lucía Andrea Morett Álvarez, sobrevivió al ataque y negó vínculos con la guerrilla, aduciendo que sólo visitaban el campamento con fines culturales.
Se estima que Ortega Martínez tenía una estrecha relación con “Marcos Calarcá”, uno de los jefes de las FARC que ha participado como representante del grupo rebelde en las negociaciones con el gobierno colombiano en La Habana, Cuba. Con el tiempo, Ortega ha edulcorado su discurso y ahora afirma que “quien quiere a Guerrero no puede apostarle a la violencia”.
“Entiendo el sufrimiento que están viviendo los familiares de los jóvenes desaparecidos, pero no se vale que al amparo de este dolor se realicen acciones de violencia y vandalismo, eso no ayuda a Guerrero”, dijo el pasado 10 de noviembre. Ortega está de vuelta, no por mucho tiempo, pero de muchas maneras habrá que seguirle el rastro. No era la mejor opción, pero sí la menos mala de todas las existentes.
GRANOS DE CAFÉ
… Después de mucho tiempo y prolongadas discusiones -que no estuvieron exentas del típico estira y afloja-, dio inicio en el Senado de la República la discusión de la minuta para la Reforma Política de la capital, que hará realidad el sueño largamente acariciado de dar autonomía política y económica al Distrito Federal.
Sin embargo, para los triunfalistas, que piensan que lo imposible se hará realidad, habrá recordarles que esta reforma se podrá concretar hasta cuando menos un par de años. Si hoy fuera aprobado el proyecto de reforma constitucional, la elaboración y aprobación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México llevaría cuando menos 18 meses, o más.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta, Enrique Burgos García, presentó el dictamen elaborado por cinco comisiones legislativas como resultado de nueve iniciativas.
Esta minuta plantea un nuevo régimen constitucional para la capital del país al crear 16 alcaldías en lugar de delegaciones políticas y un Congreso local que sustituirá a la actual Asamblea Legislativa capitalina.
La propuesta plantea que la Ciudad de México se convierta en entidad federativa con autonomía constitucional en todo lo concerniente a su régimen interior, su organización política y administrativa, al igual que los 32 estados de la República.
Con ello la Ciudad de México no sólo tendría autonomía en esas materias, sino que las reformas constitucionales podrían ser debatidas por los representantes de los capitalinos en el Congreso local, lo cual actualmente no ocurre.
Además cambiaría la figura de Jefe del Gobierno del Distrito Federal, por el de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Naturalmente el llamado régimen de excepción que jurídicamente ostenta el Distrito Federal, cambiaría con la promulgación de su primera Constitución, y se reconocería por el gobierno federal su obligación de coadyuvar presupuestalmente con los gastos que implica el asiento de la administración pública federal en el territorio capitalino.
Asimismo se reconocería a la Ciudad de México como integrante del pacto federal, libre y soberano.
Sin embargo, la Ciudad de México conservará su estatus de sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los Poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un estado.
El jefe del gobierno capitalino tendría la facultad exclusiva de presentar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, además de que no podría ser removido de su cargo por el Senado, como se prevé actualmente.
El jefe del gobierno actual tendría de plazo hasta el mes de septiembre del próximo año para presentar el proyecto, dentro de cual gozaría de la facultad de proponer a 6 delos 40 integrantes del Congreso Constituyente que serían los responsables de elaborar la Constitución política de la Ciudad de México.
A su vez el presidente de la República podrá proponer a otros seis constituyentes, el Senado a 14 y la Cámara de Diputados a los restantes 14, para totalizar 40.
Así que será un largo y sinuoso camino, para recordar ajena vieja canción de Los Beatles, lo que deberá recorrer este viejo y anhelado proyecto antes de hacerse realidad, para que los capitalinos dejen de ser ciudadanos de segunda clase. ...Sus comentarios envíelos al correo [email protected]
