Acusa senador voracidad de tiendas departamentales
MORELIA, Mich., 18 de abril de 2015.-El uso de tarjetas departamentales ha propiciado una problemática que repercute de manera negativa en el consumidor, pues las tiendas comerciales aplican tasas de interés de entre el 50 o 70 por ciento del Costo Anual Total, contraprestación que sobrepasa los estándares contemplados por las instituciones bancarias.
El senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, advirtió que “la voracidad de las tiendas departamentales” violenta las políticas que establecen el buen funcionamiento de los sistemas de pago por parte de los tarjetahabientes.
Reconoció que este instrumento aceleró la compra de bienes y servicios, en virtud de las facilidades y comodidades que presenta el plástico al no cobrar comisión de apertura, nulidad, cobro por tarjetas adicionales, reposición, consulta de saldo y reclamaciones.
Sin embargo, el incremento de las tarjetas y los insuficientes mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte de los establecimientos son factores que han incrementado las tasas de interés.
Robles Montoya presentó una iniciativa para que los créditos otorgados por tiendas departamentales y/o comerciales, apliquen sus tasas de interés, prestaciones, gastos y comisiones, conforme a lo establecido por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las demás leyes aplicables en la materia.
Hoy en día, dijo, estas instituciones juegan un papel importante en el manejo de recursos financieros, al grado de competir con los bancos de México.
En este contexto, la protección de los intereses del público y el sano desarrollo financiero, son derechos plenamente exigibles por parte de los consumidores y que conllevan obligaciones específicas para las instituciones comerciales, entre ellos la protección de sus usuarios.
Mencionó que las tarjetas departamentales son el producto financiero más utilizado por la población con un 72.2 por ciento, seguido por las tarjetas bancarias con 32.9 por ciento y en último lugar, con menores porcentajes de participación, los créditos personales, grupales, de nómina, hipotecarios y automotrices.
La iniciativa, que reforma los artículos 5 y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.
