Desviados e inexactos informes financieros del gobierno michoacano
MORELIA, Mich., 20 de junio de 2011.- Es importante señalar que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Michoacán aplica criterios desviados e inexactos en la elaboración de sus respectivos informes financieros, sentenció del diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Julio Castellanos Ramírez. Aún antes de conocer las declaraciones del pasado fin de semana por parte de la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Mireya Guzmán Rosas, quien aseguró que la deuda pública estatal es transparente, el representante popular presentó desde el pasado 15 de junio un punto de acuerdo para demandar una revisión a todo el proceso relacionado con el endeudamiento público de la administración estatal de Leonel Godoy Rangel. En su discurso, Julio Castellanos manifestó que la finalidad de aplicar criterios “desviados e inexactos” en la elaboración de los informes financieros es generar confusión respecto del monto verdadero de la deuda pública de Michoacán, sin importar que se contravengan a todas luces los criterios contables que el Consejo Nacional de Armonización Contable tiene establecidos y a los cuales los entes públicos deben prestar observancia obligatoria. Fue por ese motivo que, entre otras cosas, el diputado federal del PAN exhortó al titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que informe al Congreso de la Unión sobre el avance de Michoacán en materia de cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de las decisiones del Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo que se refiere a las “Normas Contables y Lineamientos para la Generación de Información Financiera”. Dicho punto de acuerdo fue turnado a comisiones, sin embargo, Castellanos Ramírez adelantó que seguramente será dictaminado de manera favorable, toda vez que se hizo de una manera muy respetuosa y ningún legislador de cualquier partido político puede oponerse a la sana intención de garantizar la transparencia y rendición de cuentas respecto de la aplicación de los recursos públicos.
