Condena Martín García aprobación de leyes antiinmigrantes en EU
MORELIA, Mich., 15 de junio de 2011.- Es lamentable, descalificable y condenable la aprobación de nuevas leyes antiinmigrantes y evidentemente raciales en diferentes entidades de Estados Unidos, como las recientemente avaladas en Georgia y Texas, señaló el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés. Como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas de la Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa), el representante popular michoacano aseveró que tal parece que los legisladores de algunos estados de la Unión Americana no han aprendido de la lección que les dejó la anulación de varias de las propuestas de la Ley SB 1070 en Arizona. García Avilés, quien es además integrante de la Comisión Especial sobre Migración en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aseveró que con leyes que criminalicen la migración y con muros no se va a detener el flujo de personas y, por el contrario, el fenómeno se va a convertir en un problema interregional cada vez más grave entre México y Estados Unidos. La migración, abundó el representante popular, es un fenómeno natural que no se ha dado sólo en los últimos años, sino que se tienen registros del mismo desde hace milenios y, por lo tanto, los gobiernos estadounidenses deberían reconocer, como ya lo hizo el gobierno mexicano, que sus condiciones geográficas y económicas son atractivas para los migrantes, no sólo de México, sino de varios países del mundo. De acuerdo con García Avilés, es necesario que Estados Unidos otorgue ciertas garantías a la comunidad migrante en ese país, porque no hay modo de negar que su economía ha florecido precisamente gracias a la explotación de los migrantes, a los que no se les pagan sus jornales completos, de lo que muchos empleadores estadounidenses sacan ventaja. Luego de reiterar su condena y rechazo a esas medidas, el diputado federal del PRD hizo un llamado a los migrantes en el vecino país del norte para que se organicen y realice movilizaciones pacíficas de protesta, mientras que a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos los urgió a iniciar procedimientos legales contra los gobiernos estadounidenses que aprueben esas medidas raciales.