Sistema de justicia para adolescentes no es adecuado
MORELIA, Mich., 7 de abril de 2015.- Asociaciones civiles advirtieron, ante diputados de la Comisión de Seguridad Pública, que el sistema nacional de justicia para adolescentes contempla únicamente penas punitivas y no rehabilitación o reinserción de menores infractores a la sociedad, lo que afecta cerca de cinco mil jóvenes recluidos en centros penales del país, 80 por ciento de ellos internados por delito de robo.
Según un comunicado de prensa, en reunión de trabajo con los legisladores, subrayaron que dicho sistema se encuentra rezagado desde hace 10 años; únicamente 14 estados han hecho cambios de fondo para actualizar sus leyes en la materia. Sólo Quintana Roo y Durango las han armonizado con el Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que instaron a los diputados a intervenir en favor de jóvenes que han sido satanizados ante la sociedad.
En respuesta, los integrantes de la comisión se comprometieron a impulsar la minuta de reforma al artículo 73 constitucional, enviada por el Senado, que establece el derecho inviolable del desarrollo integral de los jóvenes, además de que faculta al Congreso para aprobar una legislación única de justicia para adolescentes y la obligación de las entidades y municipios a acatarla.
El presidente del órgano legislativo, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), consideró que, en virtud de que es un tema muy sensible, se hará un llamado a la Comisión de Puntos Constitucionales, a la que se turnó dicha minuta en octubre pasado, para priorizar su dictaminación y avalarla en el Pleno antes de que concluyan las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.
México, enfatizó, está obligado a configurar un sistema fundado en el reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes por lo que urge un sistema de justicia penal que tome en consideración las propuestas de expertos y organizaciones civiles.
Por otra parte, recordó que las comisiones de Seguridad Pública y la de Justicia han presentado iniciativas para crear una Ley General de Justicia para los Adolescentes. Por ello, dijo, se pedirá a la Mesa Directiva tomarlas en cuenta para armonizarlas y ser puestas a consideración del Pleno en las próximas sesiones.
En tanto, el diputado José Ángel Ávila Pérez (PRD) dijo que la justicia para adolescentes cobra especial relevancia porque las leyes al respecto se encuentran considerablemente rezagadas, lo cual, subrayó, debe ser subsanado lo antes posible, ya que impacta no sólo a los menores infractores, sino a los acciones del Estado para resolver el problema.
“Si no encontramos una fórmula jurídica suficiente y moderna, con plena integración de los derechos humanos y con eficacia, seguiremos teniendo este grave problema que derivará en otros más complejos para nuestro país”, sostuvo.
Por su parte, los diputados Julisa Mejía Guardado (PRD) y Carlos Fernando Angulo Parra (PAN), secretarios de la Comisión de Puntos Constitucionales, también se comprometieron a solicitar a este órgano legislativo apresurar la dictaminación de la minuta del Senado antes del 30 de abril. “Es un tema verdaderamente trascendental para nosotros”, coincidieron.
En representación de la asociación “Reintegra”, Jimena Cándano subrayó que el sistema penal para adolescentes olvida que los infractores tienen entre 12 y 18 años, por lo que se debe diferenciar entre las penas aplicables a estos y las de los mayores de edad. Por otra parte, comentó que “la gran mayoría de estos vienen de comunidades pobres, donde el uso de la violencia en su contra se ha normalizado”.
“Necesitamos darles una segunda oportunidad y un marco legal que los ayude, donde la ciudadanía se comprometa en esta tarea y el gobierno esté dispuesto a trabajar con ellos y sacarlos adelante con programas que generen reinserción social, no pensados desde el castigo”, abundó.
De la asociación “Cause Ciudadano”, Carlos Cruz afirmó que los municipios y estados se enfrentan al problema de aplicar adecuadamente penas a los menores infractores, porque no existe un marco legal general. Asimismo, no hay personal especializado para atenderlos ni infraestructura de calidad para sus necesidades, mientras que las mujeres recluidas enfrentan problemas aún mayores que los varones al tratárseles de la misma forma.
“Lo que buscamos con las reformas es que los estados y municipios tengan un ordenamiento nacional que permita construir un sistema protector y consentir la participación de los adolescentes. Se les ha satanizado como los peores criminales por la ausencia del Estado, lo que ha provocado que muchos de ellos terminen enganchados por las redes criminales”, precisó.
En tanto, Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), refirió que, según las normas internacionales, una pena privativa de libertad es lo último que debe contemplar el Estado para sancionar a un adolescente infractor, algo que no ocurre en nuestro país. “Se ha comprobado que esto no es suficiente para reconstruir el tejido social ni disminuir los índices de criminalidad; debe haber medidas preventivas y restaurativas”, subrayó.
Susana Camacho, de MSI México, se pronunció por reconocer en los procedimientos de justicia para adolescentes salidas alternas a las penas corporales y que se tome en cuenta la participación de las organizaciones civiles en la formulación de la ley. “Fue esta Legislatura la que aprobó el Código de Procedimiento Penales, la cual tiene las condiciones para que el tema de los adolescentes sea un engrane importante de dicho sistema”, concluyó.
Por su parte, la diputada Julisa Mejía Guardado (PRD) comentó que los jóvenes no deben purgar penas injustas que la sociedad los obliga a cumplir; en ese sentido, se comprometió, en su carácter de secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitar a la presidencia de esa instancia legislativa, que la minuta recibida del Senado sea un tema principal en la agenda legislativa antes de concluir el actual periodo ordinario.
Señaló que es trascendental atender un tema que afecta a la mayoría de jóvenes mexicanos, quienes atraviesan problemáticas como la falta de empleo y de oportunidades para continuar estudios, convirtiéndose en materia del crimen organizado.
En su participación, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) consideró “patético” que no se incluya en el sistema penal nacional expresamente la justicia para adolescentes; eso es crucial ante el entorno que envuelve al país, dijo.
Los jóvenes recluidos en Centros de Readaptación Social se ven abandonados por el Estado y el sistema de justicia abona al problema ya que los adolescentes se convierten en auténticos delincuentes al terminar su condena; no hay un verdadero sistema de rehabilitación y se debe trabajar en ello, estimó.
A su vez, la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) precisó que la minuta enviada por el Senado sí contempla reformas en materia de reinserción social y familiar, así como el pleno desarrollo de las personas y, además, señala que no podrán internarse menores de 14 años, lo que, aseguró representa un avance importante.
Subrayó que si bien la idea es integrar esa minuta en la agenda legislativa antes de concluir el periodo ordinario, no será fácil, ya que el calendario lo están definiendo los líderes parlamentarios; sin embargo, hizo votos por que en la Junta de Coordinación Política considere el asunto.
Por su parte, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) refirió que “se debe desterrar la cultura del castigo, ya que es toral tener conciencia de que cuando un joven delinque México pierde”.
Puntualizó que se requieren programas de reinserción que regeneren el tejido social, así como un sistema a nivel nacional, ya que no es posible que cada estado tenga distintas concepciones y trabaje con normas que no permitan la homogenización.
A continuación, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI) consideró que se pueden realizar leyes pero se debe comenzar desde los hogares para forjar mexicanos de calidad; “esos cimientos crecen en casa, no en la ley”, indicó.
“Se puede hablar, desmenuzar el tema y crear leyes, pero si los ciudadanos no crecen con un buenas bases, las normas se verán rebasadas”, indicó.
Agregó que se debe crear una buena sinergia con el Poder Judicial, ya que es el organismo que aplica las leyes, y exhortó a las organizaciones civiles a estar pendientes y dar a conocer los estados en los cuales aún no se trabaja de forma armonizada.
En seguida, el diputado José Alfredo Botello Montes (PAN) sostuvo que la base del sistema judicial debe ser la reinserción social de la persona recluida; los internos o personas sujetas a procesos penales, son individuos que tienen dignidad. “Son personas que le han fallado a la sociedad, pero también requieren una segunda oportunidad”, añadió.
Reiteró el compromiso de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para retomar inmediatamente la minuta que proviene del Senado de la República.
En su turno, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) manifestó su preocupación por el estatus de la minuta que llegó a la Cámara de Diputados desde octubre pasado, y consideró que si bien el tema compete a otras comisiones, la de Seguridad Pública no puede estar ajena.
Explicó que hay adolescentes de 7 a 16 años que muchas veces están recluidos con otros a punto de cumplir la mayoría de edad, quienes se convierten en sus “maestros” para incursionar en la delincuencia. “No se puede renunciar a la obligación de cumplir con el trabajo que se nos confiere, se debe sacar esta importante ley”.
De igual forma, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) indicó que los Centros de Readaptación Social son “universidades de la delincuencia”, donde niños de 9 años están recluidos por tomar una naranja, y se encuentran adolescentes que provienen de familias desvinculadas o abandonados por sus padres.
Comentó que “debe haber una sinergia entre distintas autoridades y padres de familia porque, como estamos, ayuda a la delincuencia”; al mismo tiempo, subrayó que el compromiso de los legisladores es que la minuta sobre la ley de justicia para adolescentes se lleve al Pleno antes del 30 de abril o, bien, a un posible periodo extraordinario.
