Arremete nuevamente Julio Castellanos contra legisladores locales

ZAMORA, Mich., 7 de junio del 2011.. En el marco del día de la Libertad de Expresión, el legislador Julio Castellanos Ramírez, se reunió con los diferentes medios de comunicación en esta ciudad, donde declaró que la presente legislatura de Michoacán es una de las peores en muchos años, prueba de ello dijo que es el endeudamiento del estado, el fondo que utilizaron para supuesta gestión social, el decreto para amarrar a los ayuntamientos para que no puedan vender sus inmuebles y la falta de transparencia en la aplicación de los recursos públicos. Agregó que las consecuencias serán pagadas incluso por diferentes generaciones de michoacanos, porque son cantidades estratosféricas por cubrir tanto por impuestos y derechos o no teniendo servicios u obra pública.El diputado federal del PAN Castellanos Ramírez dio como ejemplo la falta de transparencia en el destino de recursos, el bono de gestión social, que consiste en la repartición de 2 mil quinientas toneladas de cemento para los municipios, cuya aplicación es desconocida hasta la fecha, cuando se supone que era directamente para los ciudadanos. Externó también que se cuestiona la distribución de 12 millones de pesos aprobados durante el 2009 para la construcción de una nueva sede para el Congreso Estatal, que al cancelarse la obra fueron repartidos en bonos de 300 mil pesos entre los diputados locales, sin que hubiera ningún reclamo por parte de la ciudadanía.Todo esto es una herencia de los diputados dijo, que sin duda representa un daño estructural para la entidad por esa razón no tienen autoridad moral para emitir decretos sobre la prohibición en la venta, cesión o permuta de inmuebles municipales que representa un retroceso en la democracia de la entidad, ya que le esta autonomía a los ayuntamientos, agregó que este decreto habría sido distinto si los diputados hubieran puesto candados a la venta o permuta de inmuebles para pagar bonos, compensaciones o nóminas de los ayuntamientos, es decir que no aplica esos recursos para cubrir el gasto corriente, así mismo para no frenar el progreso como el desarrollo de las arterias o cualquier otro proyecto que impacte entre la población.Afirmó Castellanos Ramírez que los ayuntamientos ganarán la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el decreto va en contra del artículo 115 de la Constitución Política Mexicana, el cual habla sobre la autonomía que tienen los gobiernos municipales para administrar sus propios recursos e inmuebles y ninguna ley estatal puede estar encima de la Constitución, dijo que evidentemente también es una cuestión de carácter político porque le han puesto freno al desarrollo de los ayuntamientos que tienen deseos de trabajar a favor de su población..