Necesario fortalecer la fiscalización superior en Michoacán: Macarena
MORELIA, Mich., 31 de mayo de 2011.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Macarena Chávez Flores, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán y a la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán con la intención de incrementar los recursos que se destinan al Fondo de Fiscalización Superior en el Estado. Como integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y ante el pleno del Congreso del Estado, la legisladora expuso que el Poder Legislativo, como parte integrante del Gobierno y contraparte de sus pares, tiene a su cargo cuatro actividades esenciales en la vida pública, que son legislar, fiscalizar, gestionar y administrar. Sin embargo, Chávez Flores aclaró que la fiscalización cobra mayor fuerza por ser la que permite vigilar que los recursos públicos, el dinero de todos, se apliquen conforme lo dispone el pueblo a través de sus representantes populares.Por ello, y convencida de que todas las aportaciones que se hagan en el tema de la fiscalización son bienvenidas y tienden a proponer soluciones que corrijan problemas en su proceso, la diputada del PAN recordó que en 2007 se aprobó una gran reforma a la Ley Orgánica de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán para dotar de elementos normativos que dieran herramientas al trabajo de la ASM. Así, abundó Macarena Chávez, se estableció un Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización Superior, cuya finalidad era que del recurso económico que el órgano técnico de fiscalización se allegaba pudieran solventarse gastos extraordinarios, derivados de las necesidades de los procesos en la materia.Explicó que la Ley de Fiscalización Superior establece que las sanciones impuestas por la ASM, así como lo establecido en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas se destinarán al citado Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización Superior, sin embargo, en la segunda de las normas mencionadas nunca se establece la obligación de las entidades públicas de destinar a ese Fondo parte de las retenciones que se hacen a los contratistas de obra pública. Lo anterior, argumentó la legisladora, obliga a una reforma urgente que posibilite la ejecución de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior, reformando para ello el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas, determinando ahora, por un lado, que los servicios de fiscalización se cubrirán con las retenciones por obra pública y, por otro lado, especificando cuál será el porcentaje bajo el cual se haga la distribución del recurso.
