Poco han hecho autoridades por michoacanos desaparecidos
MORELIA, Mich., 22 de mayo de 2011.- Muy poco ha sido, en los hechos, lo que las autoridades y los diputados han podido hacer a favor de los familiares de michoacanos reportados como desaparecidos, admitió la presidenta de la Comisión Especial del congreso del Estado para dar seguimiento a esos casos, Guadalupe Calderón Medina.Al respecto, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la 71 Legislatura, recordó que desde que se estableció ese grupo de trabajo a su cargo advirtió que legalmente se encontraba muy limitado para actuar, ya que su función sería más bien de gestión y de intermediación entre las autoridades estatales y los familiares de las personas desaparecidas.Es por ese motivo, comentó Guadalupe Calderón, que el trabajo de la Comisión Especial y del Congreso del Estado en su conjunto se ha reorientado hacia medidas legales que den certidumbre a familias de personas desaparecidas, motivo por el cual apenas el pasado 17 de mayo el pleno del Poder Legislativo aprobó una iniciativa de reformas al Código Familiar del Estado de Michoacán relacionada con la declaración y presunción de muerte.La iniciativa, presentada originalmente por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Morón Orozco, y dictaminada por las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación, tiene por objeto dar atención al problema que se ha agravado en los últimos años sobre la desaparición de personas como producto de los problemas de inseguridad en la entidad.De acuerdo con la exposición de motivos, de 2006 a 2009 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tuvo conocimiento de la desaparición de 856 personas en Michoacán, de las que sólo se denunció el 20 por ciento de los casos, mientras que en el otro 80 por ciento restante no se hizo por temor a represalias de los victimarios o del crimen organizado.La diputada Calderón Medina destacó que como resultado de la propuesta, se aprobó reducir de 9 a sólo 3 años los trámites para la presunción de muerte, lo que daría certeza jurídica a los deudos, tanto para heredar como para realizar diligencias administrativas respecto de los bienes de la persona ausente.De esa forma, abundó la representante popular, se busca ayudar a las familias que en estas situaciones quedan en estado de incertidumbre ante la imposibilidad de realizar cualquier trámite legal o administrativo en los derechos o bienes de la víctima, lo que ayudará a resolver de una manera más conveniente para los familiares afectados.
