Propone Silvano deshabilitar de manera definitiva a funcionarios que cometan un delito

MORELIA, Mich., 22 de marzo de 2011.- El senador Silvano Aureoles Conejo, vicecoordinador del PRD, propuso reformar la Constitución Política y el Código Penal Federal, con el objetivo de que los servidores públicos que sean condenados por cometer algún delito, sean destituidos e inhabilitados del servicio público de manera definitiva. Estos funcionarios, dijo el senador por Michoacán, violan no sólo disposiciones legales, sino principios y valores contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos, además de que atentan contra la federación, la sociedad mexicana y al país en general. “Si una persona a la que se le ha confiado el desempeñar una actividad tan importante como lo es formar parte de la administración pública, realiza una actividad ilícita, por ese sólo hecho debe inhabilitarse de manera definitiva”, argumentó. Por ello, mediante una iniciativa planteó reformar los párrafos séptimo y noveno del artículo 111 de la Constitución Política, a fin de establecer que a los servidores públicos que sean acusados de cometer algún delito y cuyo proceso penal culmine con sentencia condenatoria, “no se les concederá la gracia del indulto, ni la reinstalación o habilitación para ejercer cargo público” de manera definitiva. Asimismo, pidió modificar diversos artículos del Código Penal Federal para especificar que cuando un servidor público cometa delitos como abuso de autoridad, desaparición forzada, uso indebido de atribuciones, intimidación, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, a parte de las sanciones señaladas por la ley, quedará inhabilitado de manera definitiva para ejercer cargos dentro de la administración pública. El senador del PRD señaló que de acuerdo con el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2002, esta actividad debe desempeñarse bajo los principios de del bien común, integridad, honradez; imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas y respeto. Sin embargo, dijo, “en la realidad hay ocasiones en que algunos servidores públicos se sirven del público para obtener un beneficio, contrario a lo dispuesto por el Código de Conducta y a la propia institución”. Aureoles Conejo indicó que de enero a junio de 2010, se tenían 28 mil sanciones de carácter administrativo, de las cuales más de 3 mil 494 fueron inhabilitaciones. Además, se presentaron 107 denuncias penales por actos de corrupción, en contra de 292 personas, de ellas, 225 eran servidores públicos. La propuesta de reforma constitucional fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos; y la del Código Penal Federal a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.