Se expone Godoy a juicio político al no publicar reforma: Sergio Solís

MORELIA, Mich., 13 de abril de 2011.- La controversia constitucional no es la única acción que puede promover el Congreso del Estado ante la no publicación de las reformas a la Constitución Política de Michoacán en materia electoral, sino que incluso se podría interponer hasta una denuncia de juicio político contra el gobernador Leonel Godoy Rangel, aseveró el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la 71 Legislatura, Sergio Solís Suárez. El también presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal rechazó que se haya registrado un revés contra el Poder Legislativo de Michoacán porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ordenó la suspensión provisional del acto reclamado, como una medida cautelar que ordenara al Ejecutivo estatal a publicar el Decreto 301 en materia electoral.Al respecto, y después de aclarar que espera que no se tenga que llegar hasta la instancia de promover un juicio político contra el mandatario estatal, Sergio Solís señaló que la nota que apareció este 13 de abril en un medio de comunicación estatal es atrasada, y se refiere a dos documentos que se entregaron al mismo tiempo ante el Poder Judicial de la Federación, a los cuales desde hace una semana se respondió que no se concedería la suspensión provisional.“Eso fue lo único que desechó la Suprema Corte, pero el trámite de la controversia en sí sigue caminando. Yo creo que cuando los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisen a fondo la controversia que se está presentando finalmente van a fallar a favor de esta controversia interpuesta por esta Legislatura”, expresó.Solís Suárez aseguró que desde su punto de vista el Ejecutivo estatal no tiene ningún sustento jurídico o legal para no publicar la reforma constitucional, puesto que al contrario, la Ley manda al gobernador a que los decretos de reforma constitucional que vienen del Congreso no se detengan, y por lo tanto “es una obligación que el Ejecutivo los publique de manera inmediata, sin solicitar la opinión de nadie, ni darle tiempo para que revisen tampoco nada; esa es una obligación del Ejecutivo y por eso pensamos que finalmente se va a fallar a favor de la Legislatura”.