Café para todos
Ante la fuerte presión política y social que afronta su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que la Secretaría de la Función Pública se encargue de investigar si existió o no conflicto de interés en el caso de la casa que adquirió en 2005 en Ixtapan de la Sal; la residencia que compró su esposa en las Lomas de Chapultepec y la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en un club de golf de Malinalco.
En el marco jurídico vigente no existen herramientas para indagar al presidente sobre estos señalamientos, y el único recurso con el que podría contar es el de la Fiscalía Anticorrupción, pero ésta aún no ha sido aprobada por el Congreso, que ha mostrado demasiada lentitud en sancionar una nueva ley en la materia.
Algunos analistas incluso han propuesto crear una fiscalía independiente que investigue a la familia presidencial y a sus colaboradores. El problema es que no hay manera de que ello se haga con sustento en el marco legal.
Por ello, no hubo otra salida que encargarle el asunto a Virgilio Andrade, uno de sus subalternos, nuevo titular de la Función Pública, nombramiento que por supuesto no dejó contentos a sus críticos y opositores. Tuve oportunidad de conocerlo hace varios años y me consta su labor detallista y metódica, producto de una mente analítica. Sé que se enfrenta al mayor reto de su vida y considero que tratará de hacer bien su trabajo.
En el mensaje a la nación en el que hizo oficial el nombramiento de Andrade, Peña Nieto dio a conocer también un plan anticorrupción y señaló que el nuevo titular del organismo encargado de fiscalizar a los servidores públicos, pondrá la lupa para averiguar si hubo “conflicto de interés” en la adquisición de las mansiones referidas.
Virgilio Andrade será el responsable de llegar al fondo de estos casos que contribuyeron a agudizar la crisis actual, aunque un panel de expertos en materia de transparencia, se encargará de evaluar la investigación que realice la dependencia gubernamental y las conclusiones que arroje.
El plan de 8 acciones para combatir la corrupción -puesto en marcha por Peña Nieto-, no es desdeñable, y de hecho se trata de una buena estrategia, que rompe algunos paradigmas del pasado.
El presidente -como parte de su plan anticorrupción-, dio a conocer que a partir de mayo, todos los servidores públicos deberán emitir una declaración de posibles conflictos de interés, la cual tendrá que ser modificada, cuando el funcionario considere que existe una influencia indebida que impida cumplir con sus obligaciones.
Además, se prevé que en adelante, las declaraciones patrimoniales que deben presentar los funcionarios, deberán incluir también a cónyuges y dependientes económicos.
Se contempla además la creación de una Comisión de Ética y de Conflictos de Interés en el ministerio de la Función Pública y de “protocolos de contacto” entre particulares y los encargados de los procedimientos de las contrataciones y permisos, a fin de dar mayor transparencia, entre otras medidas.
Lo que sí hay que anotar es que el mandatario -antes de entregarle el caso a Andrade-, señaló que la ley establece que habrá conflicto de interés cuando los intereses personales o familiares puedan afectar su desempeño como servidor público pero que “esto nunca ha sido el caso como Presidente de la República o en mis cargos públicos anteriores. El presidente no adjudica compras ni obras. Tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y no obstante estas aclaraciones estoy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió”, afirmó.
Como se recordará, en noviembre pasado, el portal informativo Aristegui Noticias dio a conocer que Angélica Rivera, esposa del Presidente, adquirió una mansión valuada en 7 millones de dólares en Lomas de Chapultepec, pero a plazos y en sólo 4 millones, al grupo Higa, dirigido por Armando Hinojosa, una empresa que en el pasado obtuvo contratos con el gobierno del Estado de México -cuando Peña Nieto era mandatario local-, y también en la actual administración federal.
Haciendo eco de la nota de la periodista de MVS, el diario The Wall Street Journal difundió una nota en la cual reveló que Videgaray adquirió también una casa valuada en 450 mil dólares, en un exclusivo club de golf de parte del mismo empresario, y en las mismas condiciones, en Malinalco.
Luego salió a la luz que otra vivienda fue adquirida también por Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, antes de asumir su cargo, a otro empresario al que le otorgó contratos cuando era gobernador.
La primera dama dio a conocer que se desharía de su propiedad, adquirida con sus propios ingresos; Videgaray argumentó que la compra de su casa no violó ninguna ley y el Presidente dio a conocer a través de uno de sus portavoces que la adquisición fue “absolutamente legal”.
Pero ninguno de sus argumentos fue convincente para la oposición o para sus críticos, quienes exigieron investigar el caso e inclusive llegaron a demandar en el Congreso que se conformara una comisión investigadora.
Las reacciones de rechazo no se hicieron esperar y hoy Virgilio Andrade, el zar anticorrupción mexicano, admitió que tendrá facultades para investigar presuntas anomalías, siempre y cuando los ciudadanos particulares que vendieron las mansiones hayan sido favorecidos indebidamente por el gobierno, porque destacó que no tiene autorización para verificar operaciones de carácter mercantil.
En todo caso, lo que se puede extraer de todo esto, es que el presidente enfrenta un grave problema de credibilidad.
Para ilustrarlo, baste señalar que si Peña Nieto hubiese solicitado al mismo Dios encabezar una comisión para investigar a fondo el caso de las mansiones -y si en honor a la verdad, al cabo de las investigaciones resultase exonerado-, el veredicto imparcial aún generaría sospechas, a causa de lo agitado de las aguas en México.
Hay que recordar que la incertidumbre y la suspicacia ya desbancaron al fútbol como deporte nacional y al catolicismo como religión más importante del país, y no creo que haya una fórmula mágica para salir de este desgastante impasse en el cual se hallan inmersos el presidente y su gobierno.
Sin embargo, es el momento para que con humildad, Peña Nieto acometa sus responsabilidades, trabaje duro y actúe con modestia pero con mucha tenacidad, para ganarse nuevamente el reconocimiento de sus gobernados y vuelva a ser el mandatario que en su primer período -hasta septiembre del año pasado-, empujaba con éxito la aprobación de las grandes reformas que transformarían al país.
No creo que haya otra salida para esta crisis de escepticismo generalizado. Si Peña Nieto quiere que las cosas le salgan bien en lo que resta de su sexenio, lo que necesita, de manera urgente, es empezar a restaurar la credibilidad.
GRANOS DE CAFÉ
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un plantón de 3 días en Paseo de la Reforma desde la Torre del Caballito hasta avenida Insurgentes, después de que se les impidió ocupar el Zócalo capitalino.
Los manifestantes llegaron desde Oaxaca en decenas de autobuses e incomprensiblemente fueron policías de la propia Secretaría de Seguridad Pública capitalina quienes escoltaron -desde la entrada oriente de la ciudad-, al convoy de camiones en que viajaban los desobligados mentores oaxaqueños, en lugar de que precisamente en ese punto de acceso hubiesen impedido su llegada y con ello evitado que se posicionaran, al más puro estilo pejista, de una de las avenidas más importantes del Distrito Federal.
Naturalmente, sobra decir que miles de contribuyentes capitalinos que mantienen al Gobierno de la Ciudad de México con sus impuestos fueron los primeramente afectados, al ser impedidos de llegar a sus trabajos por el plantón de los sediciosos mentores.
Al cierre de esta columna, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, había advertido que de no levantarse el plantón a las 7 de la noche, la fuerza pública capitalina desalojaría a los manifestantes.
Lo cierto es que la mañana de este martes, y las siguientes -de continuar el plantón-, los capitalinos habrán de enfrentar el desquiciamiento de la ciudad por la inoperancia de los llamados protocolos de seguridad, especialmente diseñados para impedir plantones como éste que la vez anterior duró poco menos de medio año, en que se posesionaron de la plancha del Zócalo.
Por supuesto que las promesas de Miguel Ángel Mancera a los empresarios y comerciantes de la zona quedaron en el vacío, especialmente para los prestadores de servicios.
La gran pregunta es “¿quién va a responder por los daños que ya ocasionan a los contribuyentes de la Ciudad de México, porque está claro que al igual que al gobernador oaxaqueño Gabino Cué, ya le tomaron la medida a las autoridades capitalinas e incluso a las federales, con las que “negocian” sus demandas en la secretaría de Gobernación.
Ojalá esta vez las autoridades dejen para el 2018 otros anhelos políticos, y antepongan el interés de la mayoría al de estos profesionales de la desestabilización y la holganza, y eviten el lamentable espectáculo de mujeres y niños que de manera infame y cruel traen como escudos humanos, en caso de ser sometidos por las fuerzas del orden…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]
