Apoyarán diputados del PRD proyecto de protección a periodistas

MORELIA, Mich., 11 de marzo de 2013.- La fracción del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión ofreció su apoyo total a la iniciativa encaminada a reformar la Constitución de la República y diversas leyes y ordenamientos para fortalecer la libertad de expresión, y particularmente mejorar los blindajes al quehacer de los periodistas. Silvano Aureoles Conejo, líder de la bancada perredista en San Lázaro, se reunió con Mike O'Connor, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), para escuchar las bondades de la propuesta que ahora es analizada por la Cámara de Senadores.El líder opositor dijo que su partido no sólo simpatiza con este proyecto que ha sido elaborado por los propios comunicadores desde las regiones del país y enriquecido por académicos e investigadores, sino que es una asignatura con la cual el PRD ha estado comprometido desde hace muchos años, a fin de fortalecer la vida democrática de México.Según la exposición de motivos en la iniciativa que existe en el Congreso de la Unión, las agresiones a periodistas y medios de comunicación son uno de los más graves problemas que se viven actualmente en México, debido a que el ejercicio periodístico es un campo polémico y riesgoso.Muchas de las veces, destaca el documento, la actividad periodística exige cobertura en Estados que se encuentran en guerra, o que viven una epidemia, sin embargo hay otros contextos riesgosos no tan visibles, particularmente en contextos sociales y políticos de países como México, en los que la impunidad es el común denominador en el panorama nacional.Esto, en gran medida, debido al fenómeno de la corrupción que continua permeando en las instituciones y sociedad, y en donde consecuentemente el acceso a la información se reconoce, no como un derecho, sino como ‘moneda de cambio’ cuyo beneficio es el obtener o mantener el poder de la forma menos legítima.Esto ocasionó, según los antecedentes de la exposición de motivos, que también la libertad de expresión se tornó en un derecho cuyo ejercicio expone a quienes lo realizan a los peores atentados contra su libertad, integridad física, y aun más grave, a su vida, particularmente cuando este ejercicio trastoca ‘intereses’ de grupos en el poder.Lamentablemente en la actualidad, en México las personas que realizan la actividad del periodismo se encuentran en una situación vulnerable, y su integridad física, libertad, seguridad y vida pueden verse amenazadas tanto por agentes estatales como no estatales. Los periodistas deben hacer frente no sólo a los intentos de censura o de ejercicio de influencia en su labor sino también, en algunos casos, a peligros contra su integridad física como el fuego cruzado, las amenazas, las agresiones o intentos de agresión, los secuestros, la desaparición forzosa, e incluso la muerte.De esta manera, si las personas que ejercen el periodismo están en peligro, también lo están las estructuras que conforman a los medios de comunicación, y estos no pueden ser libres, señala el Informe 2012 del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.Derivado de este grave contexto de inseguridad e impunidad que prevalece en el país, especialmente respecto al avance de investigaciones penales por agresiones a periodistas, así como la falta de sanciones a los responsables de las mismas, aunado a una serie de recomendaciones tanto a nivel interno como internacional el 25 de junio de 2012, el Ejecutivo Federal promulgó el decreto de reforma constitucional según el cual se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 para quedar como sigue:Artículo 73:XXI. […] Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.Los transitorios de dicho decreto hacen referencia a la obligación del Congreso de la Unión de realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación general número 17, sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente señaló que la impunidad resultante ha generado un ambiente permisivo para que las agresiones a los profesionales de la comunicación, así como a los diferentes medios, continúen y sean cada vez más violentas, tal como lo confirman las muertes y desapariciones de periodistas, y los atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación.Por su parte la Relatora Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a México en el año 2010, señaló que sin desconocer que el problema de la violencia afecta a todos los sectores de la población mexicana, la violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse, debido a factores como el crecimiento del crimen organizado en ciertas zonas del país, por lo que recomendó adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión, y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigadas por la jurisdicción penal ordinaria.Ante esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puntualizado que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, siendo indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre, por tal motivo, las agresiones contra personas, periodistas e instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, no afectan únicamente bienes individuales, sino también colectivos. Esto en virtud del carácter interdependiente e indivisible que tienen los derechos humanos.Por tal motivo, la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas bajo la jurisdicción del estado mexicano es uno de sus compromisos fundamentales de México frente a la comunidad internacional. En este sentido, la protección de personas, periodistas e instalaciones se debe convertir en una cuestión prioritaria en la agenda del estado. Uno de los medios para logar lo anterior es la adopción de medidas legislativas, como la propuesta en la presente iniciativa.Conforme a tales consideraciones, el proyecto tiene como objetivos específicos: (I) delimitar con precisión los casos en que la Federación podrá ejercer la facultad de atracción, a la que hace referencia nuestra Carta Magna; (II) Establecer los medios para fortalecer a la Fiscalía Especializada de atención a este tipo de delitos; y (III) Combatir la impunidad de estos delitos, promoviendo una eficiente investigación, enjuiciamiento y sanción de los perpetradores de los mismos, mediante la tipificación de los delitos contra la libertad de expresión y acceso a la información.A fin de obtener los objetivos antes planteados, se consideró pertinente el análisis de los siguientes ordenamientos jurídicos: Código Penal Federal; Código Federal de Procedimientos Penales; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Atendiendo a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción cuando la investigación no haya atendido a los principios generales de debida diligencia, que son:a. Oficiosidad: La investigación debe desarrollarse de oficio por parte de las autoridades competentes; b. Oportunidad:La investigación debe iniciarse de manera inmediata, ser llevada a cabo en un plazo razonable y ser propositiva; c. Competencia: La investigación debe ser realizada por profesionales competentes y empleando los procedimientos apropiados;d. Independencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras; e. Exhaustividad: La investigación debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y proveer castigo a los responsables; y f. Participación: La investigación debe desarrollarse garantizando el respeto y participación de las víctimas y sus familiares.Por otra parte, sigue la iniciativa, a partir del análisis de las sentencias de la Corte Interamericana, es dable colegir que para que una investigación pueda considerarse como apegada a los estándares de debida diligencia, debe contener los siguientes elementos básicos: Estar destinada a localizar a la víctima o sus restos en caso de no conocerse su paradero; estar dirigida a establecer la identidad de la/s víctima/s en caso de ejecución extrajudicial; estar dirigida a sancionar a todas las personas responsables de las violaciones; abarcar la totalidad de los hechos violatorios a los derechos humanos; ejecutar las órdenes de captura y las decisiones judiciales; utilizar todos los medios a su alcance para la obtención de pruebas; contar con el apoyo de expertos para dar con la verdad de los hechos; tener en cuenta el contexto y las peculiaridades de la situación o del tipo de violación que se está investigando; considerar diversas hipótesis, contar con una metodología para evacuarla y ser consistente.Los elementos o lineamientos señalados son los criterios internacionales reconocidos que debe seguir toda investigación ministerial, esto quiere decir, que cuando las autoridades locales no respeten todos y cada uno de estos criterios de manera concurrente, estarán faltando a su deber de debida diligencia y es esto lo que justifica que el Ministerio Público de la Federación, de manera complementaria o subsidiaria, pueda ejercer la facultad de atracción referida en el artículo 73, fracción XXI. En este sentido, la propuesta es que, con el fin de que la Procuraduría General de la República pueda atender a los delitos que atenten contra el derecho a la información y las libertades de expresión e imprenta, en ejercicio de su facultad de atracción, el área encargada de hacerlo –Fiscalía Especial-, cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para combatir efectivamente dichas conductas delictivas de manera más autónoma y permanente.Las modificaciones a la ley quedarían de la siguiente manera: Artículo 430. A quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas, personas o instalaciones que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa.Se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando: El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; o cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.