Restituye la Procuraduría Agraria la seguridad al campo
MORELIA, Mich., 1 de diciembre de 2014.- Convencido de que todo funcionario debe servirle a la población sin distingos de ninguna clase, José Jorge Campos Murillo, procurador Agrario de Michoacán, se define como un sencillo servidor público institucional, sin posición política ni colores partidarios.
“Afortunadamente, en las áreas en donde nos hemos podido desarrollar no tienen posición política ni ideológica, no tienen colores”, asegura en entrevista con Quadratín, y reitera que esa convicción le ha permitido desempeñar altos cargos tanto en las administraciones panistas -en las que se desempeño en puestos como el de subprocurador General de la República-, como en la administración priista del presidente Enrique Peña Nieto.
En entrevista, el titular de la Procuraduría Agraria recuerda que al asumir la cartera que hoy ocupa –apenas el pasado 11 de marzo- se encontró con “un campo dividido, sin autoridades, con conflictos jurídicos, pleitos por la posesión de la tierra, extorsiones y todo eso”, explica, en condiciones que considera muy similares a las de Durango, su tierra natal.
Y si bien en algunos aspectos esa realidad aún existe, siete meses de trabajo intenso y coordinado con los tres niveles de gobierno por los núcleos agrarios de la entidad, le han permitido resolver de manera pacífica y negociada el 75 por ciento de los conflictos que enfrentaba la Procuraduría Agraria en la entidad.
“Entonces, en una forma coordinada con los tres niveles de gobierno, de tener un 100 por ciento de problemas agrarios, hoy considero que tenemos todavía un 25 por ciento que resolver, hemos avanzado bastante”, destaca Campos Murillo.
“De las 77 mil 500 acciones ejecutadas en 2013, hoy tenemos casi 90 mil totalmente realizadas, y eso nos ha permitido cumplir al 100 por ciento las 31 metas” que nos fueron establecidas.
El trabajo no ha sido sencillo, pues el daño de la delincuencia organizada y hasta de malos funcionarios en el sector agrario fue extensivo:
“Había problemas jurídicos de mucha gente a la que se le había quitado la posesión, se la había pasado la propiedad a gente que no le correspondía. Hemos llegado a unos 40 de esos lugares y ya hemos logrado resolver unos 25 de esos problemas. Ahorita tenemos unos 12 y 15 casos que todavía estamos tratando de manera conjunta con el gobierno del estado”, reconoce el procurador agrario.
La inseguridad llegó a tales niveles que incluso servidores públicos aprovechaban la desintegración del sector agrario michoacano para quebrantar la ley y despojar de derechos y propiedades a los sujetos agrarios.
“Hay hechos que se están ahorita investigando donde en un momento dado los propios servidores públicos están tratando de levantar un acta ficticia y quieren designar nuevos ejidatarios”, denuncia Campos Murillo, pero declina dar mayores detalles por tratarse de investigaciones en curso.
Por qué a un funcionario le interesa alterar los padrones de una comunidad, se pregunta el procurador, y ofrece una hipótesis sencilla: “Porque así tendrían derecho a la tierra, principalmente a las tierras de dominio que están fuera del núcleo productivo o incluso de la parte poblada de la propia comunidad”.
Los derechos por el uso de esas tierras “pasan de costar por hectárea un precio muy bajo, muy módico, a convertirse en metros cuadrados dentro de las ciudades que se venden a precios elevados” y que dan cuenta del nacimiento de fraccionamientos y áreas de alta plusvalía. Por eso se requiere que cuando haya ese cambio de dominio se realice una investigación muy profunda y realmente el ejidatario reciba lo que debe de recibir”, explica el funcionario.
Quizá por eso algunos núcleos agrarios se han mostrado reticentes a actualizar sus padrones y a delimitar sus linderos, lo que los deja fuera de la serie de programas sociales y productivos que ofrecen los gobiernos federal y estatales, situación en la que aún se encuentran unas 60 comunidades.
Sin embargo, la regularización de la tierra avanza a pasos firmes, asegura el procurador, y de los “aproximadamente 2 mil 500 núcleos agrarios que tiene Michoacán teneos un avance de 85 por ciento al cerrar noviembre, y pretendemos cubrir la meta al 100 por ciento en 2015 para que esos núcleos agrarios puedan acceder a los beneficios de los programas sociales”, concluyó el doctor José Jorge Campos Murillo.
