Michoacán, 7° lugar nacional en ataques a periodistas
MORELIA, Mich., 30 de noviembre de 2014.- Michoacán se encuentra en el séptimo lugar en materia de ataques a periodistas, los cuales provienen principalmente del poder público, como es el caso de presidentes municipales, ayuntamientos y agentes estatales, debido al disgusto por parte de dichos servidores hacia alguna información publicada.
Ante ello, se ha designado un fideicomiso de 270 millones de pesos provenientes de recursos públicos para la atención de estos casos, los cuales son atendidos mediante la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En entrevista con Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de dicha instancia, durante la presentación del Segundo Informe Legislativo del diputado, Ernesto Núñez, aseguró que actualmente son 110 periodistas los que se encuentra bajo la protección de dicho mecanismo, de los cuales seis son michoacanos.
"Tenemos alrededor de 210 casos donde se protege no solo al periodista sino también a sus familiares y las instalaciones del medio de comunicación, ya que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado varios ataques a instalaciones medios de comunicación, principalmente al estado de Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca".
Asimismo, Serrato Lozano aseveró que desde la creación de este organismo el cual surgió en marco a la ley de Protecciones y Defensiones a Periodistas en junio del 2012, no se han registrado ningún periodista bajo la protección de este mecanismo nacional ha sido dañado en su integridad física y mucho menos en su derecho humano a la vida.
Por otra parte, comentó que el crimen organizado también se ha vuelto un enemigo de los periodistas, por lo que afirma "hoy por hoy el mecanismo de protección se fortalece día con día".
Cabe señalar que entre las medidas que se han tomado, se encuentra el manejo de manuales, cursos, acompañamientos mientras que en casos muy extremos se utilizan chalecos antibalas, además de que se proporcionan casas de refugio en caso de periodistas que tengan que abandonar su propio lugar de trabajo y de residencia.
