Urge ArcelorMittal a reestablecer el estado de derecho
MORELIA, Mich., 26 de octubre de 2014.- ArcelorMittal a través de un comunicado llamó a las autoridades federales, estatales y del municipio de Lázaro Cárdenas para que hagan cumplir la ley toda vez que las denuncias presentadas desde el lunes pasado no han fructificado, por lo que solicitaron la intervención inmediata para hacer valer el estado de derecho.
A una semana de que transportistas de la sección número 38 de la CTM y de la numero uno de la CROM mantienen bloqueadas los accesos de ArcelorMittal en el Estado de Michoacán, los hornos de la Acería Eléctrica y las minas han suspendido su operación afectando a cuarenta y ocho mil personas que dependen de la actividad industrial.
Los accesos vehiculares y de ferrocarril de la planta siderúrgica y de las minas Las Truchas de ArcelorMittal México se encuentran totalmente bloqueadas, tanto para el ingreso de materias primas, como de empleados y contratistas; asimismo, la operación de las minas se suspendió desde el viernes pasado por falta de diésel.
Desde hace cuatro días se inició el apagado paulatino de los hornos de Acería Eléctrica, lo que orilló a la compañía a reducir su producción en 70% debido a que los transportistas han negado el acceso de materias primas, tales como cal fundente, ferroaleaciones y refacciones para equipos críticos en el proceso de acería.
De continuar ésta situación, la empresa se verá forzada a embancar el Alto Horno, proceso que derivará en el paro total de la producción de la empresa y en caso de verse obligados a hacerlo, posterior a esto, se necesitarán al menos 10 días para poder reiniciar los procedimientos en la planta siderúrgica.
Desde hace casi un mes, la mayor empleadora privada del Estado de Michoacán, empleados, contratistas y la comunidad en general de Lázaro Cárdenas, han sido amedrentados por las uniones transportistas que mediante bloqueos buscan obligar su recontratación con demandas de aumento en la tarifa.
La transnacional confió en la labor de las autoridades para que hagan valer la legalidad, el respeto a la propiedad privada y el libre mercado, donde cada empresa pueda contratar los servicios que requiera con el proveedor que mejor le convenga.